Carlos García/Guanajuato, Gto. El Congreso de Guanajuato aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información que desaparece al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) y traslada sus funciones a la Secretaría de la Honestidad.
La Secretaría de la Honestidad, con la calidad de Autoridad Garante Local, resolverá los recursos de revisión interpuestos contra las respuestas de las dependencias estatales y de los 46 ayuntamientos del estado.
Los recursos contra las resoluciones del Poder Legislativo, Judicial y de los organismos autónomos serán resueltos por sus contralorías internas, que tienen la calidad de Autoridad Garante.
El desaparecido IACIP resolvía las impugnaciones contra las respuestas de los tres poderes, los organismos autónomos, entes descentralizados y ayuntamientos.
Entre las principales funciones de las autoridades garantes está resolver los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos, difundir el derecho de acceso a la información, fomentar la cultura de transparencia en las escuelas, firmar convenios con los sujetos obligados, con sectores sociales y con otras autoridades garantes, entre otras.
La Secretaría de la Honestidad, como Autoridad Garante Local, presidirá y coordinará el Subsistema de Transparencia de Guanajuato, el cual forma parte del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia.
El Subsistema de Transparencia funcionará por conducto de su Comité, que estará integrado por el Poder Ejecutivo (Secretaría de la Honestidad), por el Legislativo, por el Judicial, por los organismos autónomos y cuatro representantes de los 46 Ayuntamientos, que estarán integrados por regiones.
Entre las funciones del subsistema está rendir un informe sobre sus actividades al Consejo Nacional, enviarle las opiniones sobre el proyecto nacional de transparencia y apoyar en la política pública nacional, entre otras. El Comité del Subsistema tendrá una Secretaría Ejecutiva que dará seguimiento a los acuerdos y resoluciones.
La nueva Ley establece que los sujetos obligados son las autoridades, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o su equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o que realice actos de autoridad.
El artículo 37 de la ley establece que los sujetos obligados integrarán un Comité de Transparencia que tendrá la atribución de confirmar, modificar o revocar determinaciones en materia de ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información y declarar la inexistencia o incompetencia.
Agrega que ordenarán a las áreas competentes que generen la información, entregar o negar la información requerida y crear políticas que faciliten la obtención de datos, entre otros.
Los sujetos obligados también deben tener una Unidad de Transparencia que será la encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de información, de hacer los trámites internos para atender las peticiones, efectuar notificaciones a los solicitantes, entre otras.
Con los cambios a las leyes de transparencia, México y Guanajuato sufrieron una regresión de 30 años en materia de acceso a la información, acusó en tribuna el diputado de MC, Rodrigo González Zaragoza.
El trabajo que hizo el IACIP era respetable y su desaparición merma el discurso de que el gobierno está con el pueblo porque más bien quieren que el pueblo no sepa nada, sostuvo.
La reforma en materia de transparencia no genera una simplificación administrativa, disuelve responsabilidades al desaparecer al órgano autónomo garante de transparencia y complica el acceso a la información al no quedar claro ante qué instancia presentar los recursos de revisión, señaló el diputado panista, Juan Carlos Romero Hicks.