Alicia Arias/Purísima del Rincón, Gto.- Las asociaciones civiles León Agradecido, Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya y Bomberos Voluntarios de San José Iturbide tienen que entregar a los gobiernos municipales el equipo que compraron con recursos del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg).
Las tres asociaciones beneficiadas por el Gobierno del Estado de Guanajuato, durante la administración del ex gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, adquirieron equipo para las corporaciones municipales de seguridad pública, algo que por ley no podían hacer, ya que la tarea de la seguridad pública es responsabilidad única del Estado y los Municipios.
“La observación de fondo es que la seguridad pública no debe ser competencia fuera del Estado y del municipio. No quiere decir que este recurso no se haya aplicado o que haya habido un desvío de recurso. No tiene nada que ver con eso la observación. Tiene que ver que la seguridad pública le corresponde al Estado y a los Municipios”, declaró María del Rosario Corona Amador, titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, dependencia del estatal que opera el Fidesseg.
Luego de la revisión que realizó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a los recursos otorgados por medio del fideicomiso, la ASEG realizó observaciones por 132 millones ejercidos por las tres asociaciones.
A decir de Rosario Corona, dichas observaciones quedarán solventadas cuando los bienes adquiridos por las asociaciones pasen a ser propiedad de los Municipios. “Tienen que pasar a propiedad del Municipio y fue en ese sentido la observación de la ASEG”, sostuvo.
La funcionaria aclaro que hasta el día de hoy el Congreso del Estado de Guanajuato no le ha informado a la Secretaría del Nuevo Comienzo sobre dichas observaciones debdo a que un amparo interpuesto por el Consejo Coordinador Empresarial de León “que suspendió el efecto que nos da el resultado final o la aprobación de la auditoría para continuar con el seguimiento que se da a la auditoría”.
Por lo anterior, tendrán que esperar a que la autoridad judicial les informe que pueden avanzar y recibir el informe que aprobó el congreso para poder continuar, toda vez que para subsanar la observación el Comité Técnico del Fidesseg tendrá que estar sesionando para aprobar que los bienes pasen a propiedad de los Municipios, como son los equipamientos entregados a los Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de San José Iturbide, Celaya y de León. “Prácticamente en eso está la observación”, aseguró Rosario Corona.
-¿Habría responsabilidad de quien asignó los recursos dado que la seguridad es tarea solamente del Estado y los Municipios?
-Ese seguimiento de responsabilidad es un tema de la propia auditoría, respondió a funcionaria, quien no descartó que se pueda fincar alguna responsabilidad a quienes autorizaron la entrega de los recursos para una tarea que únicamente le compete a las autoridades.
Los tres municipios beneficiados por las asociaciones con equipo de seguridad eran gobernados, en su momento, por el Partido Acción Nacional (PAN), pero la funcionaria negó que hayan sido beneficiados por esa condición.
“Bajo ninguna circunstancia. Aquí el tema de seguridad en lo que nos marca son las necesidades de la gente y, categóricamente, no hay ninguna preferencia con ningún municipio. En su momento sí se presentaron problemas de seguridad y también se hicieron las gestiones con los municipios”, sostuvo la secretaria.
Las observaciones
El Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya tiene observaciones por 38 millones 512 mil 077 pesos del proyecto “Fortalecimiento y modernización del centro de comando, control, comunicaciones y cómputo C-4”.
A “León Agradecido” le observaron 34 millones 641 mil 929 pesos del proyecto “Implementación tecnológica para incrementar los puntos de monitoreo inteligente en el municipio de León”; más 17 millones 996 mil pesos del proyecto para fortalecer la infraestructura de la Secretaría de Seguridad de León; y 5 millones 611 mil pesos de los proyectos para el equipamiento de 11 aulas de la Academia Metropolitana de Seguridad y de un plan estratégico para satisfacer la demanda de mobiliario.
Los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide tiene observaciones por 39 millones de pesos del proyecto “Actualización tecnológica del sistema de emergencias 911”.
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) recomendó el reintegro del dinero o la devolución de los bienes adquiridos al poder ejecutivo.
El Juzgado Decimosegundo de Distrito otorgó una suspensión provisional al Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) para que no se sancionen las irregularidades detectadas.
“Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para que, en caso de que el Congreso del Estado de Guanajuato apruebe el dictamen de veinte de junio de dos mil veinticinco, no remita el informe sancionado por el pleno a la Auditoría Superior del Estado”, acordó el juez derivado del juicio de amparo indirecto 1257/2024-VII tramitado por Michel Sojo Quiroz, representante legal del CCEL.
Por la falta de transparencia en el manejo del dinero, el 23 de octubre del 2024, la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto para la extinción del fideicomiso, acción que no ha podido concretarse por el juicio de amparo indirecto 1210/2024-VI promovido por los empresarios, con lo que lograron frenar la desaparición del fideicomiso que se nutría con una parte del Impuesto Sobre la Nómina y con recursos del Gobierno del Estado de Guanajuato.