Alicia Arias/León, Gto.- Siguen vigentes las suspensiones definitivas emitidas por tres juzgados federales en contra de la extinción del Fideicomiso para la Infraestructura en Materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (Fidesseg) y no se podrán cambiar las reglas de operación, como pretende hacerlo el gobierno del estado, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).
La pugna entre el gobierno del estado y el sector empresarial por el manejo de los recursos aportados por empresarios tendrá una primera definición el próximo 19 de mayo, cuando se deberá convocar a Sesión Ordinaria del Comité Técnico original para resolver varias situaciones, como la aprobación de la nueva Convocatoria 2025 para las Asociaciones Civiles (AC).
El CCEL emitió esta tarde un comunicado en el que desmiente que la resolución del Juzgado Decimosegundo de Distrito, dictada el 12 de mayo y difundida ayer, miércoles, deje sin efecto las suspensiones previas que ordenan mantener al FIDESSEG y no desaparecerlo, como lo quiere hacer la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para sustituirlo por otro.
La resolución del 12 de mayo “se refiere únicamente a una ampliación de demanda sobre la integración del Comité Técnico y no habilita al gobierno estatal para operar el fideicomiso con nuevas reglas porque sigue subsistente la suspensión definitiva otorgada para que el funcionamiento y objeto del fideicomiso sigan operando en los términos en que lo venían haciendo”, aseguran los empresarios que mantienen un litigio para que subsista el fideicomiso.
El CCEL sostiene que “el Juzgado Noveno de Distrito ha sido categórico: las autoridades deben aplicar el decreto de creación del fideicomiso y las reglas de operación vigentes antes del decreto de extinción del fideicomiso, así como actuar con diligencia para cumplir lo ordenado y no obstaculizar el funcionamiento efectivo del fideicomiso”.
Como se recordará, el fideicomiso tiene su origen en la aportación voluntaria que los empleadores promovieron en el año 2018, mediante el compromiso con el gobierno del estado para que quedaran debidamente etiquetados a través de la sobretasa al Impuesto sobre Nóminas, destinando el 0.2 por ciento a proyectos de desarrollo social y 0.1 por ciento a proyectos de seguridad pública.
Seis años después, el 23 de octubre de 2024, la gobernadora Libia García ordenó la desaparición del Fidesseg mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado; pero un mes después, el 27 de noviembre una autoridad judicial concedió a los empresarios demandantes la suspensión provisional para "que no se ejecute la extinción del fideicomiso mientras dure el juicio", aun cuando la extinción se concretó desde octubre con la publicación del decreto.
El pasado 12 de mayo, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato negó la suspensión definitiva a la extinción al Fidesseg. Ante el juicio de amparo 1257/2024-VII la autoridad judicial determinó que la suspensión definitiva es improcedente pues afectaría el interés social y contravendría disposiciones de orden público al impedir la operación de un fideicomiso orientado a financiar proyectos sociales en beneficio de los sectores más vulnerables.
Municipios no serán parte del Fidesseg: CCEL
Sin embargo, los empresarios sostienen que Fidesseg “sigue vivo, protegido por la justicia federal y listo para operar en favor de quienes más lo necesitan”, pues “gracias al respaldo de los jueces del Poder Judicial de la Federación, podemos informar que el Fidesseg está en marcha”.
En relación con los procesos de amparo gestionados por el sector empresarial y las fundaciones que participan en el fideicomiso, el Consejo Coordinador Empresarial de León, CCEL, aclaró que el Juez Decimosegundo de Distrito, desde su resolución de suspensión definitiva dictada el 23 de diciembre pasado, determinó que el funcionamiento y objeto del fideicomiso sigan operando en los términos en que lo venían haciendo.
Que la Juez Noveno de Distrito en el Estado ha considerado imperativo que todos los integrantes del fideicomiso reasuman sus funciones, pues la falta de operatividad pone en riesgo el apoyo a las asociaciones civiles y, con ello, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad que éstas atienden.
“Así, la juez ha ratificado que el fideicomiso debe continuar operando para garantizar los derechos humanos de las personas beneficiarias conforme a sus reglas de origen, con los mismos representantes y sin modificaciones unilaterales”, defiende el CCEL.
En atención a la orden de la juez, el día de ayer (13 de mayo) los integrantes de los Subcomités designados originalmente, recibieron la convocatoria para sesionar el próximo lunes 19 de mayo, para dictaminar las solicitudes de prórroga de proyectos presentadas por diversas Asociaciones Civiles, para su posterior aprobación por el Comité Técnico.
Por indicación de la juez, una vez realizadas las sesiones de los subcomités, el mismo día (19 de mayo) se deberá convocar a Sesión Ordinaria del Comité Técnico, también con su integración original, para: aprobar la nueva Convocatoria 2025 para que las Asociaciones Civiles presenten sus proyectos para acceder a los recursos del fideicomiso conforme a las reglas de operación vigentes antes del decreto de extinción.
Además, se aprobará el calendario de sesiones ordinarias del 2025 del Comité Técnico y “se excluyen de la agenda los intentos de modificar las reglas de operación del fideicomiso en donde se pretendía incluir a los municipios para recibir recursos del fideicomiso, contrario al espíritu que llevó a la creación del fideicomiso para apoyar a las Asociaciones Civiles que trabajan desde la comunidad por los derechos humanos de las personas y la seguridad pública en el estado”, destacó el CCEL.
Reitera que la intención de los juicios de amparo es defender el patrimonio de la gente más vulnerable de Guanajuato, a través del modelo de responsabilidad social compartida cuyo instrumento es el Fidesseg y cuya misión y espíritu original es: Unir a la sociedad civil, empresarios y gobierno para cambiar vidas.
“Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con este modelo de responsabilidad social compartida, ratificando que el patrimonio del Fidesseg no pertenece ni a los empresarios ni al gobierno: su único dueño es la gente que más lo necesita. Por lo mismo, hemos insistido en la urgencia de que se reactive su plena operación, respetando el modelo original acordado con el gobierno del estado y que dio origen a su creación”, destacaron los empresarios en su comunicado de este miércoles.