MANTIENE LORENA ALFARO DENUNCIA CONTRA MUJERES

CIMAC-Kuali/Irapuato, Gto.- Aunque despidió al director de Seguridad Pública por las agresiones a mujeres feministas, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, mantiene  la denuncia por daños y lesiones que presentó contra las manifestantes del primero de mayo, cuando fue incendiada una oficina gubernamental e intentaron quemar la puerta de la presidencia municipal.

La presidenta  municipal anunció este martes el despido de Omar Jaramillo Mariscal como responsable de la seguridad pública en Irapuato; sin embargo, decidió mantener los cargos contra las mujeres que protestaron aquel domingo en el que se causaron daños al patrimonio municipal y fueron detenidas 28 mujeres que, posteriormente, fueron puestas en libertad.

Organizaciones civiles aseguran que promoverán la revisión de los hechos a través de mecanismos internacionales como los de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque se presume que las 28 mujeres detenidas sufrieron tortura sexual y porque se tiene la sospecha que policías  municipales tienen participación activa en la desaparición de personas.

En respuesta a la actuación de las autoridades municipales en contra de la protesta feminista, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una comunicación en la que reprochó la violación de protocolos internacionales relacionados con el uso de la fuerza policial.

Hasta el momento, Lorena Alfaro no ha no ha informado sobre las sanciones a las policías municipales que agredieron a las manifestantes, las cuales quedaron documentadas en diversos videos que circularon en redes sociales. En este caso se harán las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades, prometió la alcaldesa panista.

“… estamos colaborando con las autoridades competentes. Es decir con la fiscalía del estado, la procuraduría de derechos humanos y la Unidad de Asuntos Internos Municipal para el esclarecimiento de los hechos y determinación de responsabilidades. Quiero dejar claro que toda la información que sea requerida por estas instituciones será puesta a su disposición”, dijo.

A través de redes sociales, ciudadanos y colectivos feministas han pedido que se hagan públicos los videos de lo que ocurrió al interior de la Presidencia Municipal, donde se retuvo a las detenidas.

VIOLENCIA PODRÍA TENER MOTIVACIONES POLÍTICAS

Alfaro García dijo reconocer la represión policial, pero aseguró que como autoridad municipal es su deber “defender y proteger el orden público”, además aseguró que entre manifestantes y policías hubo intercambio de agresiones.

Incluso, apuntó a que la violencia generada en las movilizaciones, como la manifestación feminista, podría tener motivaciones políticas.

La alcaldesa prometió la actualización del reglamento relacionado con el uso de la fuerza en manifestaciones para ofrecer la garantía de no repetición de casos de este tipo y aseguró tener interés en dialogar con las mujeres afectadas.

“No podemos permitirnos que la polarización nos clausure la posibilidad del diálogo y la conciliación”, y reconoció que los cargos presentados por su gobierno contra las 28 mujeres por daños y lesiones, no serán retirados para “llegar a la verdad”.

HAY ELEMENTOS PARA SANCIONES INTERNACIONALES

Desde la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato existe el interés de que puedan intervenir mecanismos internacionales para recomendar o sancionar a autoridades municipales por posible tortura o detenciones arbitrarias.

El activista Raymundo Sandoval Bautista explicó que la ONU tiene mecanismos diferentes en ambos casos, pero no puede iniciar investigaciones de oficio. Se tendría que hacer una solicitud.

También consideró que podría llamarse a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para documentar tortura sexual, por los testimonios que han ofrecido las mujeres detenidas y porque coinciden con las definiciones que emitió esta instancia en el caso Atenco. De este asunto ocurrido en 2006 hay una sentencia emitida por la CIDH.

En esta sentencia se verifica cómo la violencia sexual es utilizada como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder por parte de agentes del Estado al instrumentalizar los cuerpos de mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por las manifestantes.

Sandoval Bautista manifestó su preocupación por las amenazas que hicieron los agentes municipales contra las detenidas, ya que pueden ser evidencia de que podría haber participación activa de las corporaciones en la desaparición de personas en Irapuato.

“De ‘las vamos a quemar’, que haya habido tocamientos de carácter íntimo, amenazas de contenido sexual y que se refirieron específicamente al tema de desapariciones de mujeres, parece que no solo muestra la intención de ejercer daño, sino que, incluso, podría configurar la probable participación de estos cuerpos policiacos en las desapariciones”, comentó el activista..

Según testimonios de las detenidas, un agente se refirió al caso de Karely, joven que desapareció en Irapuato junto a otras personas y luego fue localizada sin vida en la misma ciudad.

“Describen acciones específicas que pueden ser parte del modus operandi de un dispositivo desaparecedor, donde el cuerpo policiaco podría tener un papel activo”, recalcó.

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