Carlos García/León, Gto.- Dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron vinculados a proceso penal por retener a un trailero, que inmediatamente fue privado de la libertad y extorsionado por dos hombres.
“Con los datos de prueba obtenidos en los trabajos de investigación, la Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo de la autoridad judicial órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas este martes 12 de mayo”, informó el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), integrado por autoridades estatales y federales.
A través de un video, grabado con la cámara del tráiler, se observa cómo elementos estatales paran a un chofer en la carretera federal 45, le piden sus papeles y se retiran.
Inmediatamente, dos hombres subieron a la cabina del tráiler y amagaron al conductor de la unidad. Los hechos ocurrieron el 30 de abril.
Los oficiales son acusados de abuso de autoridad por retener irregularmente al camionero, pero no hay cargos por la privación de la libertad y la extorsión.
“De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Ricardo y Emmanuel Israel, ambos integrantes de FSPE, presuntamente participaron en la retención irregular del conductor de un tractocamión, quien posteriormente habría sido privado de la libertad y víctima de extorsión por parte de civiles”, refirió el Grupo.
El GIO recordó que recuperaron el tractocamión y localizaron al operador en óptimas condiciones de salud.
“Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional determinó vincular a proceso a ambos imputados por el ilícito penal de abuso de autoridad, decretando dos meses para el cierre de la investigación complementaria”, comunicó.
Los elementos fueron cesados de sus cargos, pero siguen el proceso penal en libertad porque no es grave el delito que se les imputa.
De acuerdo con el artículo 253 del Código Penal, se impondrán de dos a ocho años de prisión “al servidor público que dolosamente, con motivo de sus funciones, exceda el límite de sus potestades o atribuciones, en detrimento de un particular o de la función pública”.
El Grupo de Inteligencia Operativa sostuvo que la conducta de los elementos cesados y vinculados a proceso lastima la confianza de la población y afecta el trabajo honesto y comprometido de miles de servidores públicos de las instituciones de seguridad.
“Por ello, ninguna actuación contraria a la ley, a los principios institucionales y a la vocación de servicio será tolerada por el Estado”, sentenció.