Carlos García/Guanajuato, Gto. El Congreso de Guanajuato reformó la Ley de Movilidad para que el gobierno estatal y los 46 ayuntamientos destinen recursos para fortalecer y promover la infraestructura, la reglamentación y las medidas de seguridad para el uso de vehículos de micromovilidad eléctrica.
Los diputados adicionaron la fracción XX bis al artículo 7 para definir como vehículo de micromovilidad eléctrica al transporte propulsado total o parcialmente por energía eléctrica, con capacidad máxima para dos personas, cuya velocidad no exceda los 25 kilómetros por hora.
Las unidades de micromovilidad son, entre otros, los monopatines, bicicletas, motocicletas ligeras, monociclos y patinetas, todos eléctricos, así como dispositivos similares que no requieran licencia de conducir, señala la fracción adicionada a la Ley.
El pleno también adicionó el artículo 54 bis para establecer que el reglamento de la ley y los reglamentos municipales establecerán las disposiciones aplicables a los vehículos de micromovilidad eléctrica, para regular su circulación, operación, zonas de tránsito permitidas, horarios y dispositivos de seguridad, así como los requisitos para su uso y condiciones de estacionamiento.
“Dichas disposiciones deberán atender las particularidades técnicas, de velocidad, masa y riesgo de dichos vehículos, a fin de garantizar la seguridad vial, la integridad de las personas usuarias y la convivencia armónica con peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía pública”, marca.
El dictamen de la Comisión de Seguridad, aprobado por el Congreso, señala que recibió comentarios sobre la necesidad de que el Estado expida placas de circulación para los vehículos de propulsión eléctrica porque tienen un gran auge en la población joven.
“Es importante que se tenga el registro de cuántos y de qué tipo de vehículos están circulando por las calles, así como quiénes son los propietarios”, mencionan los puntos de vista plasmados en el dictamen.
En tribuna, la diputada panista Karol Jared González Márquez resaltó la necesidad de regular los vehículos ligeros eléctricos porque ya son una realidad y una alternativa sustentable de movilidad.
Sin embargo, estas unidades requieren circular con orden para no afectar la seguridad de los peatones, ni obstaculizar las vialidades.
La reforma respeta la autonomía de los ayuntamientos, quienes, en un plazo de 180 días, a partir de la publicación de la reforma, tendrán que adecuar sus reglamentos, expuso.