Carlos García/León, Gto.- El Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (COSAINCEG), donde participan seis organismos empresariales, no ha transparentado públicamente en qué han sido invertidos casi 38 mil millones de pesos de los ejercicios fiscales del 2019 al 2024, que encabezó el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
De acuerdo con los presupuestos de ingresos de 2019 al 2024, el gobierno del Estado de Guanajuato proyectó una recaudación de 33 mil 144 millones 426 mil 710 por el Impuesto a la Nómina y de 4 mil 822 millones 935 mil 394 pesos del cedular.
En el presupuesto de ingresos del 2025, la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, contempló ingresos por 9 mil 456 millones 282 mil 310 pesos por el impuesto a la nómina y de mil 478 millones 234 mil 947 pesos del cedular.
El Consejo Consultivo debe “informar a la sociedad civil sobre la aplicación de los recursos provenientes de las contribuciones” e “impulsar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas”, estipulan las facciones IV y VI del artículo 13 del Decreto 261 que dio vida al COSAINCEG.
Las últimas cinco actas del Consejo fueron reservadas y no se puede saber los acuerdos tomados entre los empresarios de León, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Celaya, San Miguel de Allende, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y las autoridades estatales.
A raíz de la solicitud de información 111100500203125, el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo —del gobierno de Libia García Muñoz Ledo— clasificó como reservadas las actas de las sesiones del Consejo Consultivo.
Las actas del 2024 y 2025 están reservadas porque contienen información que forma parte del proceso técnico-deliberativo del Consejo sobre las inversiones y proyectos y su difusión “implica un riesgo grave y tangible para el desarrollo del Estado al verse comprometida la ejecución de estas”, argumentaron la presidenta del Comité de Transparencia, Aura Fabiola Romero Fonseca, así como los vocales, Rocío Sandoval Galván y Jorge Antonio García Rocha.
La creación
El 24 de febrero del 2006, el entonces gobernador y actual diputado local, Juan Carlos Romero Hicks, publicó el decreto 261 para crear al COSAINCEG como un “órgano auxiliar” del Poder Ejecutivo de “asesoría, consulta y apoyo técnico” para el seguimiento de la aplicación de los impuestos a las nóminas y cedulares.
En la estructura original estaban el gobernador -presidente del Consejo-, el secretario de Finanzas, el titular de la Unidad de Planeación e Inversión, el secretario de Desarrollo Económico y el titular de Obra Pública. Así como por los representantes de los consejos empresariales de León, Irapuato, Salamanca y Celaya; por un representante del Consejo Estatal de Desarrollo Económico y por uno de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
El 26 de septiembre del 2018, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tomó protesta como gobernador y casi dos meses después, el 22 de noviembre, publicó una reforma al Decreto del Consejo para que “pase de ser un órgano de consulta a un ente que se encargue de incidir en el destino y aplicación de los recursos”.
El ahora exmandatario, que vive en Estados Unidos, entregó todo el poder para que los empresarios determinaran el destino de miles de millones de pesos de los impuestos de los guanajuatenses.
En total, Diego Sinhue reformó tres veces el decreto del COSAINCEG para darle más poder a los empresarios, para integrar al Jefe del Gabinete —figura que desapareció en el actual gobierno—, a los Consejos Empresariales de San Miguel de Allende y Guanajuato, así como a la Secretaría de Turismo.
En la primera reforma al Decreto, Rodríguez Vallejo, en el artículo primero agregó que además de asesorar y ser un apoyo técnico, el Consejo "tome decisiones" sobre la planeación, presupuestación y aplicación de los recursos.
“Los acuerdos y resoluciones que se tomen por el Consejo deberán sujetarse a la legislación correspondiente en materia de contrataciones y ejecución”, refiere el artículo.
La aplicación de los recursos tendrá como destino la inversión social y productiva, infraestructura y el fortalecimiento de la seguridad, señala el artículo 3.
“En el rubro de inversión social y productiva, podrán orientarse, entre otras, al estímulo del empleo, atracción de inversiones, apoyos a la competitividad, fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa, capacitación”, estipula el artículo 4.
Es decir, los consejos empresariales de seis municipios decidieron a qué empresas apoyar con una parte de los 38 mil millones de pesos, ejercidos en 6 años.
Los consejos empresariales son los mismos que manejaban el dinero del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg).
El Fidesseg se alimentaba con el 0.3 por ciento del impuesto a la nómina. Los empresarios manejaron el destino de más de mil 700 millones de pesos.
Las agrupaciones empresariales Actuar por Guanajuato y FE Guanajuato recibieron 148 millones de pesos solo por fungir como intermediarias y elegir a las agrupaciones que serían beneficiadas.
La gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, enfrentó una lucha legal con los empresarios porque extinguió al Fidesseg.
Los hombres de negocios tramitaron amparos para frenar el proceso. Después de varios meses llegó a un acuerdo para que fueran retirados todos los juicios.
La Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por casi 250 millones de pesos en los gastos de organizaciones beneficiadas con el Fidesseg y recomendó iniciar procesos para el reintegro de 170 millones 668 mil pesos.
Leyes de Ingresos del Estado del 2019- 2024
Nómina Cedular Año
3,894,558,552 239,380,783 2019
4,035,976,948 713,530,727 2020
3,964,912,887 613,810,828 2021
5,721,368,205 753,335,934 2022
7,094,861,024 1,149,001,352 2023
8,402,749,094 1,353,875,770 2024
Total
33 mil 144 millones 426 mil 710 pesos 4 mil 822 millones 935 mil 394 pesos