Carlos García/Acámbaro, Gto.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitieron medidas cautelares a favor de 23 internos del Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de Acámbaro, posibles víctimas de tortura que estaban aisladas e incomunicadas en un dormitorio como una forma de sanción que no está estipulada en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“El personal de la CNDH identificó condiciones y prácticas que ponían en riesgo la integridad de dichas personas, en quienes se observaron lesiones en diversas partes del cuerpo y al ser entrevistadas refirieron que estaban en esas condiciones desde el primero de agosto”, señaló el organismo.
El Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato debe vigilar que se respete la aplicación de las salvaguardias de prevención de la tortura para garantizar las condiciones de estancia digna de las personas privadas de la libertad, recomendó.
“Las condiciones de gobernabilidad y seguridad, la reinserción social y los requerimientos de grupos específicos, así como adoptar las acciones inmediatas que permitan erradicar las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las personas privadas de libertad”, refirió.
A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT-CNDH) se destaca la importancia de implementar estrategias de revisión aleatoria en las áreas para garantizar que las sanciones disciplinarias sean aplicadas por el Comité Técnico, resaltó.
“Este organismo nacional de protección de derechos humanos reitera la posibilidad de establecer una colaboración con el Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato para fortalecer los mecanismos para la adecuada aplicación de la normatividad, protocolos y/o manuales, para que su operatividad y gobernabilidad en condiciones de seguridad sea compatible con el respeto a los derechos humanos”, expuso.
La Comisión exhortó al Sistema Penitenciario del gobierno del Estado de Guanajuato a cumplir con la debida aplicación de las salvaguardias que garanticen la integridad de los 23 internos.
“Dichas personas estaban, supuestamente, sujetas a sanciones que, al no estar contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, podrían vulnerar sus derechos humanos con aislamiento, sin comunicación con el exterior y sin desplazamiento por otras áreas”, detalló.
Agregó que el 11 de agosto, como parte del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, personal de la CNDH recorrió un dormitorio en el que estaban los 23 internos.
“Cabe señalar que las tareas de las visitadoras y visitadores adjuntos se vieron interrumpidas por parte del personal de seguridad y custodia, quienes impidieron el desarrollo de las actividades de supervisión y no permitieron continuar con las entrevistas a las personas privadas de la libertad, quienes fueron llevadas a otros dormitorios”, reveló.
Derivado de la supervisión, la CNDH y la Prodheg emitieron medidas para que las autoridades penitenciarias garanticen la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad.
Añadió que la autoridad debe permitir que los internos tengan comunicación con su familia y con personas defensoras, revisar su estado de salud y que se haga la debida certificación de las lesiones que presentan.
“Asimismo, se exhortó a la autoridad penitenciaria a garantizar las condiciones para el desarrollo de las actividades de los organismos defensores de derechos humanos y se faciliten los procedimientos para que las personas privadas de la libertad puedan interponer las quejas y denuncias del caso”, informó la CNDH.
Ante los hallazgos en el Ceprereso, la CNDH instó a las autoridades del Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato a verificar la adecuada aplicación del marco legal sobre el uso de la fuerza y la aplicación de medidas disciplinarias.
El objetivo es erradicar las prácticas que vulneran la integridad y dignidad de las personas, concluyó.