Kuali/León, Gto.- Un grupo de ejidatarios denunció que es víctima de irregularidades, omisiones y falta de claridad en las atribuciones de las autoridades que los despojaron de 94 hectáreas de tierras en la ampliación del ejido San Pedro de los Hernández.
El grupo de 22 ejidatarios, acusó que el comisariado ejidal se ha aprovechado de la falta de certeza jurídica de las hectáreas para comercializarlas irregularmente, lo que ha propiciado que durante más de 40 años estas tierras estén sometidas a juicios y amparos legales.
“Cuando el gobierno federal nos otorgó la ampliación del ejido hay un particular que las reclama, comenzamos con los juicios legales pero las mismas autoridades federales no saben resolver el problema, que va desde no saber los límites del ejido, todo esto retrasa los juicios legales”, indicó el ejidatario Adolfo Vargas Gutiérrez.
Además, dijo que “han sido muchos años en los que se va de un tribunal federal al de Celaya, al de Guanajuato y nadie puede resolver nuestro problema que nos ha implicado muchos gastos en abogados, en ir a México… y eso quién nos los va a recuperar, son nuestras tierras que nosotros necesitamos para vivir”.
El pasado 26 de septiembre se ejecutó un fuerte operativo en las hectáreas que están en disputa, con la presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), presuntamente porque un particular exige las tierras que han sido vendidas irregularmente por el comisariado ejidal.
“Tampoco hemos tenido una explicación por parte del gobierno del estado y su participación en un operativo que movió a decenas de policías estatales sobre las hectáreas. Vivimos momentos horribles porque los elementos estaban con armas, no nos dejaban entrar a nadie, a mujeres, a nadie; solo decían que cumplían una orden sin mostrar documentos, mientras que nosotros sí les mostrábamos los documentos que avalan que eran nuestra propiedad”, contó el ejidatario Primitivo Granados.
Se quejaron de que en el operativo participaron y daban indicaciones a los policías estatales personas que no se identificaron ni como funcionarios estatales ni federales.
El desalojo fue realizado con grúas particulares, patrullas estatales, policías antimotines y varias camionetas de lujo con placas de otros estados.
“Tampoco vimos actuarios ni notarios que dieran fe o legalidad de este hecho, por ello pensamos que, o engañaron al gobierno estatal para participar en este despojo o son parte de un fraude cometido por autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), del comisariado, y de los involucrados”, expuso.
Los ejidatarios acusaron que el comisariado ejidal comercializó las hectáreas irregularmente. El comisariado está conformado por: Serapio Granados, como presidente; Sergio Rizo es secretario y María de Lourdes, como tesorera.
“Nos llegó una notificación de que se iba a hacer entrega de la tierra a las 9:00 de la mañana, teníamos la cita en la casa ejidal, se iba a dar la entrega y de ahí nos íbamos a la tierra donde se iba a hacer la entrega –pero- aquí, en la casa ejidal no se hizo nada, yo los estuve buscando, se hizo una reunión pero en la calle Pirul, pero allá no es la casa ejidal. No hubo entrega, no había personas de gobierno de ninguna dependencia para hacer una entrega, fue simulado una entrega, es un despojo lo que nos hacen”, añadió.
Por último, una de las ejidatarias dijo que ahora enfrentan más juicios para anular el acta de esa supuesta reunión del comisariado ejidal y que les comentan que fueron vendidas a un hombre que se llama Valente Aguirre, a pesar de que es la reunión no estaba la mayoría de los ejidatarios y pusieron firmas de personas que ya murieron.