Kuali/Silao de la Victoria, Gto.- El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Guanajuato instaló su comité para disposición final de los archivos que genera y, con ello, se convirtió en el primer organismo público en la entidad en cumplir con lo establecidos en la normatividad vigente en materia de archivos.
En el evento de integración del Comité Dictaminador, el presidente del TJA Guanajuato, Eliverio García Monzón, reafirmó el compromiso del tribunal con la gestión documental y la administración de su archivo, por lo que seguirá como una prioridad institucional la regulación de los procesos técnicos archivísticos.
“Estamos frente a un gran reto: por un lado, la necesidad de optimizar los espacios y, por el otro, identificar aquellos elementos que formarán parte de la historia institucional. De ahí que el trabajo realizado en la Casa de la Justicia Administrativa nos lleve a la instalación de este Comité Dictaminador”, expresó el magistrado.
Luego de tomar la protesta al comité, Cecilia Elizabeth Nila García, directora general del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, reconoció la labor y el compromiso del TJA por establecer un órgano especializado para determinar la disposición final de los documentos.
“Esto facilitará a los ciudadanos el acceso a la información; además, generará una memoria institucional que sea de relevancia para el tribunal y en algunas décadas se pueda conocer su evolución”, señaló.
Hizo énfasis sobre la importancia de “determinar un procedimiento normado apegado a la legalidad, que permita tener la certeza jurídica de que cuando se determine una disposición final no exista ninguna información que pueda quedar pendiente de alguna rendición de cuentas”.
El Comité Dictaminador es un órgano especializado multidisciplinario con el objetivo de definir el destino final de los expedientes, tanto jurisdiccionales como administrativos, que resguarda el archivo de concentración y que han concluido sus plazos de conservación.
Este proceso permite tener un control sobre los expedientes que han cumplido con su vida, además de evitar que exista un riesgo institucional con la trituración de la información que es susceptible de una disposición final.