Carlos García/Irapuato, Gto.- El director de la Policía de Irapuato, Rubén Omar Jaramillo Mariscal, fue cesado del cargo por los abusos de autoridad que cometieron policías contra mujeres que fueron arrestadas durante la manifestación del primero de mayo, donde fue incendiada una oficina gubernamental y se intentó quemar la puerta de la presidencia municipal.
“La restauración del orden público no puede ser argumento para violentar los derechos humanos de las mujeres, los actos de autoridad fuera del marco de la ley deben ser reconocidos y sometidos a un riguroso escrutinio que deriven en sanciones ejemplares y sobre todo debe haber garantías de no repetición”, señaló la presidenta panista de Irapuato, Lorena Alfaro García.
La mañana de este 10 de mayo fue cesado Jaramillo Mariscal y su lugar fue ocupado por el comandante J. Reyes Méndez Jiménez, anunció.
La manifestación del primero de mayo se realizó sin incidentes del Parque Irekua hasta la presidencia municipal. A la protesta contra los feminicidios y las desapariciones se unió el “Bloque Negro”, integrado por mujeres encapuchadas que prendieron fuego a una oficina, causó daños e intentó quemar la puerta del palacio municipal.
En ese momento, mujeres policías comenzaron a arrestar a manifestantes, en videos quedó documentado que dos mujeres policías golpearon con el puño cerrado a una manifestante.
En otra grabación se observa que una policía encapuchada cachetea a mujeres que ya estaban esposadas.
El saldo de la manifestación fue de 28 mujeres arrestadas – cinco menores de edad- y 11 policías lesionadas, de acuerdo con el reporte oficial.
“Una de las heridas más profundas de reparar es la confrontación ocurrida entre mujeres, algunas manifestantes y algunas policías, porque en ambas partes queda latente la agresión física y verbal, el sometimiento y la vulnerabilidad”, expuso Alfaro García.
Agregó que hay tres tipos de violencia: la que viven las mujeres de manera cotidiana; la que infunde miedo, confrontación, miedo y encono promovido por “otros intereses” contra el orden y la tranquilidad pública; y la violencia generada por el mal uso de la fuerza pública.
“Por mandato tengo la obligación de defender y proteger el orden público”, argumentó al tiempo de recalcar que también promueve y defiende los derechos de las mujeres.
El gobierno de Irapuato colabora con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) para que se deslinden responsabilidades y se apliquen sanciones, señaló Lorena Alfaro.
El Ayuntamiento realiza una revisión exhaustiva del reglamento que propuso la Prodheg para las manifestaciones, anunció.
“La construcción de la paz debe basarse en el respeto de sociedades, con un diálogo franco y sincero que las diferencias sean el motor para encontrar los motivos que nos unan”, señaló la alcaldesa.