Carlos García, corresponsal, Guanajuato, Gto., En los últimos tres años, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades en 56.9 millones de pesos aplicados en obra pública y todavía están pendientes de aclarar 43.7 millones, denunció la diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández, al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública para prevenir actos de corrupción.
La iniciativa planeta varias reformas a la Ley de Obra Pública y destacan la creación de la figura de “testigo social” que participará en los procesos de licitación y la integración de un sistema electrónico de contrataciones gubernamentales.
“La finalidad es fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la contratación de obras públicas, ya sea por el procedimiento de licitación o por adjudicación directa”, expuso durante la sesión del pleno.
Agregó que la ley no tiene mecanismos para inhibir la corrupción.
“La Auditoría Superior de Guanajuato Estado observó, en su resumen general anual 2019-2021, que en las auditorías realizadas a la infraestructura pública hubo 415 observaciones, de las cuales 398 no fueron solventadas; es decir, solo lograron aclarar 17 irregularidades”, señaló.
Puntualizó que de los 56.9 millones de pesos observados solo 4.9 millones fueron recuperados y 8.3 millones fueron aclarados.
“Quedando un saldo de 43.7 millones observados pendientes de recuperar o aclarar.
Dichos resultados dan clara muestra de la gran cantidad de irregularidades que existen cuando de infraestructura pública hablamos”, sostuvo Alcaraz Hernández.
En los municipios hay ejemplos claros de opacidad y despilfarro como el caso del gobierno de Manuel Doblado, donde el ex alcalde panista, Artemio León Zárate, fue observado por un presunto desvío de 2.5 millones de pesos, ventiló.
“Esos recursos que durante su gestión fueron presuntamente destinados a beneficiar la constructora de su sobrino, entre otros escándalos de presidentes municipales”, dijo.
Resaltó que en el año 2019, en el gobierno del alcalde panista de León, Héctor López Santillana, la ASE detectó que pagaron 366 mil 505 pesos por la pavimentación del bulevar Hilario Medina, pero la obra no fue ejecutada.
Hay observaciones en la aplicación de 4.3 millones de pesos en la modernización de las instalaciones de la Feria de León y en el gasto de 683 mil 160 pesos en la rehabilitación de un tramo del bulevar Mariano Escobedo, remarcó la morenista.
“Justo este edificio el del Congreso del Estado no está exento de irregularidades en su construcción, solo hay que recordar que su costo original era de 139 millones de pesos, pero que termino costando 700 millones de pesos”, reprochó.
Los casos anteriores solo son un pequeño ejemplo de la cantidad de observaciones e irregularidades detectadas en la obra pública y que “los gobiernos panistas no han podido aclararlas o presentar su debida justificación”, enfatizó.
“El uso correcto de los recursos públicos y el adecuado desempeño en su gestión es un tema fundamental en el combate a la corrupción”, remató. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública.