Carolina Esqueda/León, Gto.- El alcalde panista de León, Héctor López Santilla, evadió opinar sobre la denuncia de que se obligó a personal del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) a trabajar a pesar de que presentaban síntomas de Covid-19. En esta dependencia hay 23 casos confirmados.
En rueda de prensa virtual ofrecida ayer por la mañana, fue consultado sobre la versión de la operadora, quien dio positivo la semana pasada y denunció que los contagios no se debieron a una reunión entre colegas como difundió la Secretaría de Seguridad Pública, sino porque fueron obligadas a completar sus turnos de trabajo aún reportándose enfermas ante sus supervisores, quienes además les negaron acudir de inmediato a revisión médica.
“No tengo ningún comentario, eso tiene otros tintes, ya ayer les atendieron este tema y creo que se les dejó muy claro nuestra postura”, respondió López Santillana al respecto.
Más tarde, durante la comisión de Seguridad Pública las regidoras Vanessa Montes de Oca Mayagoitia del PRI y Fernanda Rentería Muñoz del Partido Verde Ecologista cuestionaron tanto al secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona, como al director del C-4 Víctor Aguirre Zúñiga, por la falta de controles denunciados por parte de la operadora.
“Hay policías, hay tránsitos que siguen trabajando en atención directa con los ciudadanos y se puede entender que haya habido brotes, pero dentro del C-4 es inconcebible, se pudieron haber evitado los contagios si se tomaban las medidas adecuadas. Se habló de una fiesta y los trabajadores del C-4 han desmentido esta versión y han hablado de los controles sanitarios. Quiero saber qué sucedió, quiénes fueron los servidores que no atendieron las medidas y cuáles van a ser las consecuencias de esto” dijo Rentería Muñoz durante el registro de asuntos generales de la comisión.
Por su parte Montes de Oca Mayagoitia consideró graves las acusaciones hechas por la telefonista, quien denunció tanto en su cuenta de facebook como en entrevistas con distintos medios, que ella y sus compañeras acudieron a trabajar enfermas por temor a que les descontaran el día al triple, dado que desde el incio de la pandemia las llamadas al 911 han aumentado un 300%.
Ella misma, tras reportarle a su supervisora que tenía 37.9 grados de fiebre, dolor de cabeza y malestar general, fue obligada a cumplir con todo su turno sin recibir la autorización para acudir a revisión médica a hacerse la prueba de COVID-19.
“Aquí lo que yo veo grave es el tema de que las denuncias que se han hecho no las atendieron, ellas decían que tenían síntomas y no se les puso atención. Es muy grave descuidar este tema. Que los directivos no les pongan atención a sus colaboradores, no los manden a revisar o a guardarse en su casa, es un verdadero problema. Está muy bien que el secretario nos de la información puntual, pero esto debe servir como ejemplo a todas las direcciones, tenemos que poner atención a nuestra gente” señaló la regidora del PRI durante su intervención.
Bravo Arrona fue el único que respondió los cuestionamientos, asegurando que la Secretaría de Seguridad Pública fue la primera institución que implementó controles sanitarios en todas sus corporaciones. Además mantuvo la versión de que hubo una reunión y la atribuyó a uno de los operadores que dio positivo a COVID-19, quien dio esa versión durante la entrevista epidemiológica.