Carlos García/León, Gto.- En el año 2019, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) emitió 35 recomendaciones a tres gobiernos municipales por siete casos de desaparición forzada.
El ombudsman, Raúl Montero de Alba, informó que 17 recomendaciones fueron para el gobierno de Celaya; nueve, para Comonfort y 9, para la administración de Cortazar.
El municipio de Celaya es gobernado por la alcaldesa panista, Elvira Paniagua Rodríguez; Cortazar por el panista, Ariel Corona Rodríguez y Comonfort por el ex panista, ahora morenista, José Carlos Nieto Juárez.
Cabe recordar que en septiembre del año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que arrestó al policía de Celaya, Martín Isaías, quien fue vinculado a proceso penal por desaparecer a dos ciudadanos del estado de México.
Por este mismo hecho, el policía de Celaya, Nicolás, fue sentenciado a purgar 15 años de prisión por el delito de desaparición forzada, fue despedido y expulsado de manera vitalicia del servicio público, informó la Fiscalía en noviembre del 2019.
En octubre del año pasado, fueron arrestados tres policías de Cortazar por levantar y desaparecer a tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).
Dos de los policías son parientes del ex alcalde perredista de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, ejecutado el 30 de noviembre.
Los policías locales entregaron a los estatales a integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, según el reporte de la FGE.
Grave violación
“La resolución del organismo destinada a las autoridades municipales constituye por sí misma una forma de reparación, en virtud de que en ella se reconoce la grave violación a los derechos humanos cometida en agravio de los quejosos”, sostuvo el procurador de Derechos Humanos.
Montero de Alba recordó que los gobiernos locales deben inscribir a los familiares de los desaparecidos en el Registro de Víctimas, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Con esta acción las familias pueden tener acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación Integral, como estipula la Ley General de Víctimas, señaló.
Agregó que para que puedan acceder a una reparación integral del daño se les debe proporcionar atención médica y sicológica, así como la investigación administrativa contra funcionarios de seguridad pública.
Los directores de seguridad deben pedir una disculpa pública e institucional y brindar garantías efectivas de no repetición, comentó el ombudsman.
A demás deben colaborar con la Fiscalía General para dar con el paradero de los agraviados, dijo Montero de Alba.
“La desaparición forzada de personas es una violación grave de los derechos humanos, y por su lesividad ha sido considerada como una afrenta a toda la humanidad, que incluso en el derecho penal internacional ha sido considerada como un crimen de lesa humanidad”, explicó el procurador.
En el caso de las desapariciones forzadas y las desapariciones se requiere una política pública encaminada a la búsqueda e identificación de las víctimas, sostuvo.
El ombudsman reconoció el acuerdo de crear una Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos, la instalación de mesas de trabajo y la creación de una bolsa de 10 millones de pesos para respaldar a las familias de las víctimas.
“Se atenderá a los familiares de las víctimas que consideren que por actos de acción u omisión de las autoridades, se hayan vulnerado sus derechos humanos”, anunció.
En la reunión de familiares de desaparecidos y colectivos con autoridades, se denunció que personal de la Fiscalía General del Estado los ha maltratado, no les recibe las querellas o no investiga los casos.
La reunión, efectuada el jueves, fue encabezada por el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, por personal de la ONU y funcionarios estatales.
La Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno federal informó que en Guanajuato se han integrado 672 carpetas de investigación por personas desaparecidas.