Carlos García/León, Gto.-El gobierno de León debe indemnizar pecuniariamente, pedir una disculpa pública que debe ser difundida en medios de comunicación y brindar atención psicológica a las tres menores que fueron violadas por policías, exigió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) al alcalde, Héctor López Santillana.
El ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera emitió nueve recomendaciones al munícipe que “deberán ser publicadas en un diario de amplia circulación local y en el estado de Guanajuato”.
El 21 de febrero de este año, dos policías detuvieron dos hermanas de 12 y 14 años de edad cuando se dirigían a su casa después de asistir a una fiesta.
El policía, Pablo Torres García obligó a las menores de edad a que le hicieran sexo oral, bajo la amenaza de que las arrestaría por tener aliento alcohólico. Su compañero, el oficial Eulises Santiago Martínez no intervino y avaló la agresión sexual.
La violación se cometió en un baldío de la colonia Brisas del Carmen, las niñas informaron a su madre sobre el hecho.
Los oficiales fueron detenidos, puestos a disposición del Ministerio Público (MP) y el juzgado octavo penal les dictó auto de formal prisión bajo el proceso 51/2016-A.
Un día después, los policías José Ventura Valtierra e Ismael Méndez Noriega subieron a una patrulla a una menor de edad cuando caminada por el bulevar Vasco de Quiroga.
“Elementos de la unidad 535 la abordaron para subirla a la patrulla, trasladarla a otro lugar y forzarla a sostener relaciones sexuales. Un efectivo cometió la arbitrariedad con consentimiento y vigilancia del otro”, relató la PDHG.
La PDHG recomendó al alcalde de León otorgar atención psicológica a las víctimas y sus familias, indemnizarlas pecuniariamente, crear un programa de derechos humanos de las mujeres, capacitar a los policías, garantizar que no se repetirán este tipo de hechos y poner en documentos oficiales la leyenda: “LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES UN DELITO Y UNA GRAVE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS”.
Héctor López Santillana tiene que integrar a las ofendidas en el Registro Estatal de Víctimas en Guanajuato, concluir los procedimientos disciplinarios contra los oficiales, fortalecer el proceso de análisis de los perfiles de los policías y pedir una disculpa pública a las víctimas.
“Además se efectúe un reconocimiento de responsabilidad institucional y se otorguen garantías efectivas de no repetición”, señalan las recomendaciones.