Carlos García/León, Gto.-El gobierno de León será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el Sistema Integrado de Transporte (SIT) incumple con los compromisos ambientales derivados de un donativo superior a los 5 millones 378 mil dólares hecho por Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), denunció el presidente de la agrupación Fuerte de Acción Ciudadana (FAC), Juan García Hurtado.
Una parte del proyecto de transporte sustentable y calidad del aire auspiciado con el Fondo Global de Medio Ambiente del BIRF tiene que invertirse en una campaña de comunicación y gestión social para fomentar el uso de ciclovías, del transporte público, de áreas de integración modal y de cruce seguro en intersecciones conflictivas, explicó el activista.
Agregó que el Banco Nacional de Obras (Banobras) entregó al ayuntamiento un crédito de 540 millones de pesos y dio a fondo perdido 280 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura para el Transporte Sustentable.
El recurso debe emplearse para la tercera y cuarta etapa del SIT con el objetivo de reducir las emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero, relató García Hurtado.
“Vemos que nada de eso se ha cumplido, los ciudadanos somos lo agraviados, el servicio además de ser uno de los más caros del país es deficiente, un carro articulado tarda hasta más de media hora en pasar”, recriminó el representante del Fuerte de Acción Ciudadana.
En abril del 2014, el ayuntamiento aprobó un alza al transporte urbano entre un 12.5 y un 15.8 por ciento. El incremento originó protestas y juicios ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
El pasaje en efectivo pasó de ocho a nueve pesos; con tarjeta de prepago subió de 6.30 a 7.30 pesos; la tarifa preferencial se mantuvo en 3.70 pesos y se aprobó la gratuidad del servicio para los adultos mayores.
“No vemos beneficios de este cacareado Sistema de Transporte y la gota que derramó el vaso fue la cancelación de las tarjetas de pasaje de los adultos mayores. Nunca dijeron que las tarjetas tenían una caducidad”, reprochó Juan García.
En León hay 13 mil adultos mayores que utilizan el transporte público y se estima que al 50 por ciento les han cancelado las tarjetas de gratuidad, refirió.
“La gente llega a la terminal y no pasa la tarjeta, los adultos mayores tienen que pagar, las filas para renovar las tarjetas son de más de tres horas”, relató el activista.
Ante los agravios cometidos contra los ciudadanos, contra el medio ambiente y en detrimento de los recursos públicos federales e internacionales, el gobierno de León será denunciado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, adelantó García Hurtado.
“No están cumpliendo en nada con los compromisos con el Banco Mundial y con Banobras para reducir los gases de efecto invernadero y en tener un transporte eficiente para la población”, concluyó.