Carlos García/Irapuato, Gto.- El gobierno panista de Irapuato demandó por la vía civil al ex alcalde blanquiazul, Sixto Zetina Soto; a ex regidores y a ex funcionarios por un daño patrimonial que asciende a los 3.5 millones de pesos.

El juzgado Quinto Civil integró el expediente C-0097/2016 contra el ex presidente municipal (2012-2015), contra nueve regidores del PAN, PRD y de Nueva Alianza; así como contra dos ex funcionarios del gobierno (2009-2012), que dirigió el ex alcalde panista, Jorge Estrada Palero.

Los demandados son los ex síndicos panistas, Francisco de Paula Sunderland y Gabriel Alcántara Soria; los ex regidores blanquiazules, Martín López Ramírez, Ariel García Maya, Pablo Marina Tanda, Roberto Torres Herrera y Claudia López Mares.

También la ex edil del PRD, Maricarmen Ramírez Baltazar y el ex regidor de Nueva Alianza, Jorge Cazares García; así como el ex director de Obra (2009-2012), Hugo Almaraz Moreno y el ex titular de Planeación (2009-2012), Carlos Camarena Torres.

La administración del alcalde panista, Jorge Estrada Palero entregó 19 millones de pesos a la empresa Lerma Edificaciones para la construcción de un polideportivo. La obra no se ejecutó porque el municipio no tenía la propiedad del terreno donde sería construido el inmueble.

El ayuntamiento (2012-2015) avaló que la empresa sólo regresará 15.5 millones de pesos y el resto del dinero se lo quedará como pago por afectación.

La irregularidad fue detectada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) –ahora Auditoría Superior del Estado-. En septiembre del  2015, el pleno del Congreso aprobó que se fincaran responsabilidades civiles y administrativas contra funcionarios de los gobiernos (2009-2012) y (2012-2015).

“Para un servidor no es nada cómoda esta situación, siempre presentar denuncias contra correligionarios de partido, a funcionarios que están trabajando con uno, no es nada sencillo”, externó el presidente de Irapuato (2015-2018), Ricardo Ortiz Gutiérrez.

El panista dijo que es responsabilidad del gobierno respetar y hacer cumplir la ley, por eso el actual cabildo tramitó la demanda civil.

“Insistir en que nosotros no estamos haciendo ningún juicio de valor sobre la actuación de los ex miembros del ayuntamiento y será un tribunal quien determine, si tienen que devolver el dinero, cada quien tendrá su derecho a defenderse”, señaló.

Agregó que los ex servidores públicos demandados son las que aparecen como presuntos responsables del quebranto en la auditoria que realizó el OFS.

La demanda se presentó contra los miembros del ayuntamiento que votaron a favor de que la empresa no reintegrará los 3.5 millones pesos al gobierno local, explicó.

Ricardo Ortiz negó que las acciones jurídicas sean “una cacería de brujas” contra el ex alcalde y los ex funcionarios.

“Esto simplemente es una disposición legal, que no es mía, que a nosotros no la encontramos al llegar, fue publica, ya tiene dos administraciones”, argumentó.

Incluso el alcalde confesó que “no era mi intención haberla hecho, hice todo lo posible para que no tuviéramos que llegar a esta situación, sin embargo no tengo para donde hacerme y tengo que presentar esto”.