La Jornada/Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones graves, entre ellas tortura y violencia sexual, cometidas en contra de diversas personas albergadas en los centros de asistencia administrados por la “Ciudad de los Niños Salamanca” -los cuales se han denunciado desde hace cuatro años-. Y emitió la recomendación 32VG/2020 dirigida a los gobiernos de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, así como a fiscalías.
El organismo autónomo indicó que en estos espacios se cometieron actos de tortura en agravio de 21 infantes y 10 personas mayores que viven con discapacidad. La violencia sexual fue perpetrada en contra de 9 adolescentes y 4 adultos. Además, 17 menores y 2 adultos sufrieron trato cruel inhumano o degradante.
De igual manera, comprobó la omisión de proporcionarles a 20 adolescentes y a 14 personas adultas la atención especializada integral que requerían con motivo de su condición médica, psicológica y discapacidad intelectual.
Se acreditó “las condiciones indignas, de promiscuidad, insalubridad y riesgo, en las que habitaban al menos 324 personas (135 niñas, niños y adolescentes, así como 191 personas adultas que presentaban una discapacidad intelectual) en los diversos centros de asistencia administrados por la asociación civil en cita”, añadió.
La CNDH expuso que con motivo de la investigación de los hechos, contó con elementos para también acreditar las violaciones de derechos humanos atribuibles a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro.
Señaló también a los municipios de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz por la omisión de supervisar las condiciones en las que operaban los albergues, y a las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.
Y al Registro Civil del Estado de Guanajuato, con motivo de las inconsistencias advertidas en las actas de nacimiento de 169 personas que fueron registradas como hijas e hijos biológicos del presidente de la referida asociación civil.
Como parte de las recomendaciones, la CNDH pidió a los gobiernos de Guanajuato y Querétaro, así como a los presidentes municipales de los Ayuntamientos de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz se otorgue a las víctimas, una reparación integral del daño, que incluya la atención médica especializada integral, psicológica y psiquiátrica que de acuerdo con su condición física y mental requieran, así como el pago de una compensación o indemnización.
También, que ofrezcan una disculpa pública institucional a las víctimas directas de los hechos; se integre un grupo interdisciplinario que analice la situación de las personas menores de edad que en su momento fueron albergadas en los centros de asistencia social administrados por la asociación civil en cita, que actualmente se encuentran bajo su guarda y custodia, a fin de que se establezca el programa integral para restituirlos en los derechos humanos que les fueron vulnerados.
El organismo emplazó a cancelar el registro de la “Ciudad de los Niños, Salamanca y Morelia A.C.” en el padrón de organizaciones de la sociedad civil con fines de asistencia social.
Al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pidió que realice las diligencias necesarias para establecer de manera indubitable la filiación, así como la red familiar de las 169 personas que fueron registradas como hijas e hijos biológicos del presidente de la asociación civil, el cura Pedro Gutiérrez Farías.
A la fiscalía general de Aguascalientes que integre a la brevedad la averiguación previa iniciada con motivo de la privación ilegal de la libertad de 2 adolescentes, a fin de que se determine su paradero y sean entregados a la Procuraduría de Protección de Guanajuato, autoridad que ejerce su tutela.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones graves, entre ellas tortura y violencia sexual, cometidas en contra de diversas personas albergadas en los centros de asistencia administrados por la “Ciudad de los Niños Salamanca” -los cuales se han denunciado desde hace cuatro años-. Y emitió la recomendación 32VG/2020 dirigida a los gobiernos de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, así como a fiscalías.
El organismo autónomo indicó que en estos espacios se cometieron actos de tortura en agravio de 21 infantes y 10 personas mayores que viven con discapacidad. La violencia sexual fue perpetrada en contra de 9 adolescentes y 4 adultos. Además, 17 menores y 2 adultos sufrieron trato cruel inhumano o degradante.
De igual manera, comprobó la omisión de proporcionarles a 20 adolescentes y a 14 personas adultas la atención especializada integral que requerían con motivo de su condición médica, psicológica y discapacidad intelectual.
Se acreditó “las condiciones indignas, de promiscuidad, insalubridad y riesgo, en las que habitaban al menos 324 personas (135 niñas, niños y adolescentes, así como 191 personas adultas que presentaban una discapacidad intelectual) en los diversos centros de asistencia administrados por la asociación civil en cita”, añadió.
La CNDH expuso que con motivo de la investigación de los hechos, contó con elementos para también acreditar las violaciones de derechos humanos atribuibles a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro.
Señaló también a los municipios de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz por la omisión de supervisar las condiciones en las que operaban los albergues, y a las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.
Y al Registro Civil del Estado de Guanajuato, con motivo de las inconsistencias advertidas en las actas de nacimiento de 169 personas que fueron registradas como hijas e hijos biológicos del presidente de la referida asociación civil.
Como parte de las recomendaciones, la CNDH pidió a los gobiernos de Guanajuato y Querétaro, así como a los presidentes municipales de los Ayuntamientos de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz se otorgue a las víctimas, una reparación integral del daño, que incluya la atención médica especializada integral, psicológica y psiquiátrica que de acuerdo con su condición física y mental requieran, así como el pago de una compensación o indemnización.
También, que ofrezcan una disculpa pública institucional a las víctimas directas de los hechos; se integre un grupo interdisciplinario que analice la situación de las personas menores de edad que en su momento fueron albergadas en los centros de asistencia social administrados por la asociación civil en cita, que actualmente se encuentran bajo su guarda y custodia, a fin de que se establezca el programa integral para restituirlos en los derechos humanos que les fueron vulnerados.
El organismo emplazó a cancelar el registro de la “Ciudad de los Niños, Salamanca y Morelia A.C.” en el padrón de organizaciones de la sociedad civil con fines de asistencia social.
Al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pidió que realice las diligencias necesarias para establecer de manera indubitable la filiación, así como la red familiar de las 169 personas que fueron registradas como hijas e hijos biológicos del presidente de la asociación civil, el cura Pedro Gutiérrez Farías.
A la fiscalía general de Aguascalientes que integre a la brevedad la averiguación previa iniciada con motivo de la privación ilegal de la libertad de 2 adolescentes, a fin de que se determine su paradero y sean entregados a la Procuraduría de Protección de Guanajuato, autoridad que ejerce su tutela.