Alicia Arias/Guanajuato, Gto.- Con la exigencia de que el Gobierno del Estado de Guanajuato haga público el informe de los primeros tres años de actividades del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, este miércoles se llevó a cabo la renovación de seis integrantes del consejo.
Además, otros de los acuerdos que no han cumplido las autoridades es la difusión de una amplia campaña para sensibilizar sobre la existencia del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Con estos temas pendientes, el consejo renovó esta mañana seis posiciones que fueron ocupadas por Olimpia Montoya Juárez, María Cristina Rodríguez García y Gustavo Francisco Quintana Reyes, en representación de las personas defensoras de derechos humanos; y por Sofía Negrete Cuéllar, Carlos Alberto García Balandrán y José Guadalupe Meza Tapia, representando al gremio periodístico del estado.
La secretaria de gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, tomó protesta a las y los nuevos consejeros, quienes tienen un compromiso muy alto “y hay estos pendientes que tendrían que ser resueltos a la mayor brevedad porque muchos periodistas no conocen, todavía, qué es el consejo y para qué sirve”, expresó al término de la toma de protesta Verónica Espinoza Villegas, periodista y consejera saliente.
Agregó que “el estado nos tiene que garantizar, en este momento de la vida del país, en el que el periodismo es una labor de alto riesgo y que nos tiene en peligro todos los días cuando salimos a hacer nuestro trabajo, garantizarnos ese derecho y nuestra vida y nuestra forma de trabajo, fundamentalmente”.
Verónica Espinoza comentó que durante los tres años de trabajo el consejo logró avances, pero hay una tarea por continuar ya que, por ejemplo, las y los funcionarios municipales son los que menos conocen sus obligaciones de garantizar la libertad de expresión y el trabajo de quienes ejercen el periodismo y, en consecuencia, “son los que menos voluntad tienen de hacerlo porque creen que no les compete”.
La meta fundamental es prevenir y por ello es necesario hacer público el ‘Atlas de Riesgo de Guanajuato’, en el que se señala dónde están los focos rojos, las alertas territorialmente y por fuentes. “Ahí está línea preventiva que tiene que hacer el Estado, sustantivamente el consejo, para prevenir otros actos de violencia”, añadió Verónica Cruz Sánchez, de la organización defensora de mujeres Las Libres.
Aun cuando la difusión del informe trianual y la campaña de difusión fue una petición recurrente que el gobierno del estado aceptó, “jamás se instrumentó”, denunció Verónica Espinoza.