DESECHAN CASTIGAR ADMINISTRATIVAMENTE EL ACOSO SEXUAL

Kuali/Guanajuato, Gto.-La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso desechó una iniciativa que propinía sanciones administrativas graves contra los servidores públicos que incurran en acoso y hostigamiento sexual.

La iniciativa es para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas y que las conductas de acoso y hostigamiento sexual fueran catalogadas como faltas graves, para procurar claridad y una pronta y expedita administración de la justicia; así como precisar un marco jurídico que garantice principalmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito laboral.

También busca incorporar el enfoque de perspectiva de género con el propósito de fijar que los mecanismo e instrumentos que guían el actual dar servido público prevengan, a tiendan, sancionen y erradiquen la violencia de género.

Los participantes en la mesa expusieron que la norma especial que regula la igualdad de género prevalecía sobre la general de responsabilidad administrativas, que la propuesta era inviable, que se trataba de regular aspectos inherentes a las infracciones administrativas mismos que son competencia exclusiva del Congreso de la Unión, que algunas de las disposiciones propuestas contrarían la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que habría una contradicción con el Código Penal; entre otros aspectos.

Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que con base en lo expuesto por los asistentes la propuesta no era viable e instruyó la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo.

Estuvieron presentes la legisladora Susana Bermúdez Cano y el diputado Gerardo Fernández González. Además, participaron integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Acceso a la Información Pública, de la Universidad de Guanajuato, de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, de la Coordinación General Jurídica y asesores de los diferentes grupos parlamentarios.

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