Sandra Flores/León, Gto.-El Ayuntamiento de León renovó el consejo directivo de SAPAL y la fracción de Morena cuestionó el nombramiento del ex secretario de Finanzas del estado, Juan Ignacio Martín Solís, como consejero.
En la misma sesión fueron renovados los consejos del DIF, de Planeación de Desarrollo Municipal y el del Instituto Cultural.
Juan Ignacio Martín Solís fue secretario de Finanzas en la administración (2012-2018) del gobernador Miguel Márquez Márquez y se perfila como posible presidente o tesorero de SAPAL.
También fue criticado que el Consejo de SAPAL sea integrado por empresarios de la Canacintra, Cicur, Canaco, Coparmex, de la Canadevi, Amexme y del IMEF.
El nuevo consejo de SAPAL fue avalado por las fracciones del PAN y del PRI, pero fue votado en contra por Morena y Movimiento Ciudadano.
La regidora de Morena, Erika Rocha Rivera, cuestionó que si consideraban que el ex secretario de Finanzas cumplía con el perfil para defender el derecho humano al agua.
“Los nombramientos que nos proponen aprobar tienen objetivo de darle continuidad a un modelo de consejo directivo que ha probado no ser eficiente en garantizar el derecho al agua, y que en los últimos años ha tenido una sobrerrepresentación de intereses corporativos y no ciudadanos”, recriminó.
Agregó que los consejos integrados por empresarios han demostrado ser “profundamente insensibles” con los funcionarios del sistema operador y con el futuro hídrico de León.
El ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial y síndico, José Arturo Sánchez Castellanos, defendió los nombramientos en el consejo de SAPAL, también se sumaron los ediles panistas, Hildeberto Moreno Faba y Graciela Rodríguez, así como la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez.
El empresario Jorge Ramírez terminó su periodo al frente de la presidencia de SAPAL seriamente cuestionado por la insensibilidad mostrada con las familias de los cinco trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento de aguas residuales, el 13 de noviembre del 2020.
A más de más de un año de la muerte de los trabajadores -que no contaban con el perfil, la capacitación, ni con el equipo de seguridad para manejar el módulo de desbaste, situación comprobada por la Procuraduría de los Derechos Humanos- se logró que SAPAL indemnizara a las familias.
Después de una lucha legal, donde SAPAL pagó millones de pesos en abogados, se logró un acuerdo por la intervención de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.
En entrevista, después del informe anual de SAPAL, Jorge Ramírez reconoció que aún continuarían con los litigios si la presidenta no hubiera intervenido.