Carlos García/Silao, Gto.-El Ayuntamiento de Silao aprobó 7 millones para liquidaciones y el alcalde priísta, Enrique Benjamín Solís Arzola se asignó ilegalmente 432 mil pesos de finiquito como si fuera empleado de confianza, denunciaron nueve regidores del PRI, PAN y PANAL.
Desde el año 2014, el presidente municipal integró su cargo en la nómina de funcionarios de confianza y al resto de los miembros del Ayuntamiento los tiene en la nómina de “mandos superiores”.
El artículo 6 de La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos establece que son empleados de confianza el secretario del ayuntamiento, secretarios particulares, el tesorero, directores, sub directores y los titulares de los órganos paramunicipales.
El presidente municipal tiene un ingreso mensual de 102 mil 959 pesos y se autoliquidará con tres meses de salario, más 12 días por año laborado, como establece el artículo 8 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos para los trabajadores de confianza.
Los regidores del PRI, Juan Miguel Valencia y Claudia Meza; los del PAN, Antonio Ríos, Aracely López Remus, Karina Alcantar y Ramiro López; así como el edil del Panal, Miguel Ángel Maldonado, denunciaron que el presidente municipal se autoliquidará ilegalmente.
El alcalde se niega a transparentar la erogación de los 7 millones de pesos para liquidaciones y el tesorero, Miguel Ángel López Castro “nos informó que el presidente municipal se liquidará con tres meses de sueldo porque, a su consideración, él es un trabajador de tiempo completo”, recordó Juan Miguel Valencia.
Agregó que la auto liquidación de Solís Arzola es ilegal y un abuso que daña al erario de Silao, “toda vez que los servidores de elección popular estamos impedidos a recibir este beneficio”.
Nueve de los 12 integrantes del cabildo de Silao solicitan que la entrega de liquidaciones se haga con transparencia y apegada a la ley, para evitar que la Auditoria Superior del Estado (ASE) haga observaciones o finque responsabilidades, externaron los ediles en una rueda de prensa.
“No estamos de acuerdo, ni pretendemos coludirnos en acciones que afecten el presupuesto municipal, pues todos estos movimientos se realizan sin la autorización de la mayoría de quienes integramos el cuerpo edilicio”, remató Valencia.
El presidente municipal ha manejado con opacidad los más de 200 millones de pesos del presupuesto anual y el contralor ha sido su cómplice al negarse a entregar los resultados de las autorías practicadas a lo largo de los tres años de gobierno, concluyeron.
Enrique Benjamín Solís Arzola es acusado de ordenarle al director de Policía, Nicasio Aguirre Guerrero (prófugo de la justicia) que mandará golpear y amenazar a la periodista, Karla Janeth Silva Guerrero.