Carlos García/Guanajuato, Gto.-Del año 2012 a septiembre del 2018, el Congreso del Estado de Guanajuato interpuso 293 denuncias penales por presuntos quebrantos financieros en municipios, dependencias estatales y en la Universidad de Guanajuato (UG), pero sólo 12 casos llegaron ante el Poder Judicial.
Del total de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sólo el 4 por ciento llegaron ante un juez. Los presuntos ilícitos fueron detectados en revisiones hechas por la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El monto de los presuntos quebrantos, por las 293 querellas, se desconoce porque la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado no proporcionó el dato, a pesar de que fue solicitado.
Por su parte, el área de Comunicación Social del Poder Judicial informó, que en los últimos seis años y nueve meses, fueron judicializados 12 casos por presuntos peculados que oscilan entre los 31 mil 800 y los 779 mil pesos.
“Los montos son variados, van desde disposición indebida de herramientas de trabajo como radios de comunicación, cámaras fotográficas, uso indebido de tarjetas de gasolina, disposición indebida de cheques, en algunas causas se reporta el quebrando al erario”, detalló Comunicación Social.
De los 12 procesos penales, los jueces emitieron dos sentencias, una de dos años y ocho meses y la segunda de dos años y cuatro meses de prisión. Es decir, del total de las denuncias presentadas por el Poder Legislativo sólo el 0.6 por ciento terminó en una sentencia condenatoria.
Dos de los juicios fueron sobreseídos por “la extinción de la acción penal” y por la muerte del inculpado; otros dos casos fueron sobreseídos por “el cumplimiento de un convenio restaurativo” y en dos casos fue decretado el auto de no vinculación a proceso.
El Poder Judicial informó que en un caso se emitió una sentencia absolutoria y “una causa se encuentra en trámite, cuyo plazo de investigación vence el 10 de enero de 2019”.
Las querellas
En el periodo del gobernador (2012-2018), Miguel Márquez Márquez, el Poder Legislativo puso dos denuncias por irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FESSA), dos contra el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) por bienes no localizados y por uso de documentos falsos.
Los diputados aprobaron poner tres denuncias por bienes no localizados en la Universidad de Guanajuato (UG) y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural.
Existe una discrepancia entre la información que emitió el Poder Judicial y un comunicado de la Procuraduría de Justicia donde informó que dos ex funcionarios de Celaya y del estado fueron sentenciados por enriquecimiento ilícito y peculado de casi 5 millones de pesos.
En octubre de este año, la dependencia informó que el ex director administrativo del DIF de Celaya, José David, fue sentenciado a purgar 6 años y tres meses de cárcel por un desfalco de 4 millones 713 mil pesos.
Así mismo, el ex coordinador operativo de la Tesorería del ISAPEG, Francisco Javier, fue sentenciado a dos años de prisión por desviar 132 mil 940 pesos, dinero que fue reintegrado al erario, señaló en esa fecha, la Procuraduría de Justicia.
Gobiernos municipales
Las denuncias por municipio: Abasolo, 2; Acambaro, 6; Apaseo el Alto, 6; Celaya, 11; Comonfort, 4; Coroneo, 5; Cortazar, 1; Cuerámaro, 1; Doctor Mora, 12; Dolores Hidalgo, 2; Guanajuato, 4; Huanímaro, 5; Irapuato, 2; Jaral del Progreso, 4; Jerécuaro, 6; León, 39; Manuel Doblado, 1; Pénjamo, 4; Pueblo Nuevo, 23; Romita, 2; Salamanca, 2; Salvatierra, 12; San Diego de la Unión, 1; San Felipe, 2; San Francisco del Rincón, 2; San José Iturbide, 2; San Luis de la Paz, 5; San Miguel de Allende, 24; Juventino Rosas, 3; Santiago Maravatio, 5; Silao, 4; Tarandacuao; 4; Tarimoro, 34; Tierra Blanca, 6; Valle de Santiago, 5; Victoria, 3; Villagrán, 20; Xichú, 10 y en Yuriria, 2.
Las 39 denuncias puestas contra el gobierno de León, fueron del trienio (2012-2015), que encabezó la alcaldesa priísta, Bárbara Botello Santibáñez.
En octubre del 2017, el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, solicitó al Congreso de la Unión el desafuero de la diputada, Bárbara Botello, a quien acusa de un peculado de 1.5 millones de pesos.
La fiscalía señaló que la ex alcaldesa firmó contratos con Participación en Proyectos, Advise Experts Trilogy y Asesoría Especializada Especta Aeesa, empresas que no presentaron los trabajos por lo que cobraron 1.5 millones de pesos.
La priísta ha acusado al Partido Acción Nacional (PAN) y al estado de convertirse en la Santa Inquisición.
El Poder Legislativo puso 24 denuncias contra el gobierno de San Miguel de Allende (2012-2015), que encabezó el alcalde priísta, Mauricio Trejo Pureco. En dos de las denuncias se abarca una parte del inicio del gobierno del presidente panista, Ricardo Villarreal García.
En septiembre de este año, el ex tesorero de San Miguel de Allende (2012-2015), Jaime Labrada Araiza, fue vinculado a proceso penal porque “tomó dinero sin justificación alguna, y de forma anómala lo desvió del fin legítimo al que estaba destinado”, informó la Procuraduría de Justicia.