La Jornada/Ciudad de México. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó cargos este miércoles contra el gobernador del estado mexicano Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios y ex funcionarios, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.
El DOJ afirmó que Rocha y los demás señalados presuntamente conspiraron con líderes de la organización criminal para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, señala el comunicado.
Según la acusación, los Chapitos —hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán— contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Una vez en el cargo, el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia EU.
El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Los otros nueve acusados
Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años; el senador y ex Secretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, de 53; y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de 50.
Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.
Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.
Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, ambos ex jefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
Todos los acusados, salvo Millán, enfrentan penas de entre 40 años y cadena perpetua. Se cree que los diez residen actualmente en México.
Esta acusación se suma a una serie presentada desde 2023 en el mismo distrito, que suman en total más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa.
INICIA INVESTIGACION FGR
Para la Fiscalía General de la República (FGR) la petición del gobierno de Estados Unidos para detener de manera provisional con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve personas más, iniciará una investigación propia para determinar si los señalamientos son ciertos.
Aunque, precisó la institución que dirige Ernestina Godoy Ramos, la solicitud de detención "no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados", es decir los presuntos vínculos con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, líderes de una facción del Cártel de Sinaloa.
Tras darse a conocer que existe la orden de captura en contra del ex mandatario sinaloense y nueve personas, y que ésta fue emitida por un juez estadunidense, el titular de la fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, y vocero de esa institución, Ulises Lara López, informó que la institución "en este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia".
Por ello, dijo en videoconferencia, "con fundamento en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables en la materia, es obligación de esta fiscalía a través de la fiscalía especial para asuntos internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud"
Agregó que de manera paralela a la petición de los Estados Unidos, la FGR "iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadunidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión".
También, puntualizó el vocero, "la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial, una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
"No obstante, el tratado bilateral en la materia refiere con toda precisión que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida. En este caso de nuestro país.
"De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos propiatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados".
Lara López dijo que "la propia solicitud de los Estados Unidos requiere que el gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada, no sea divulgada ni se haga del dominio público como ocurrió en este caso en particular. Esto por propio dicho de las autoridades estadunidenses.
"Lo anterior, toma en cuenta, de acuerdo con la propia misiva, dar a conocer dicha información con otros cines distintos, podría ser un detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario, a las normas procesales que los gobiernan.
"La propia convención de Viena de Relaciones diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes, a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con un carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida".
El vocero de la FGR también señaló que "la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad sucesal a las personas servidores públicas que ostentan dichos cargos".
Por lo cual, explicó, para la Fiscalía General de la República "es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario, se violentaría el Estado de derecho, así como los derechos y las garantías de las personas requeridas, que al igual que en el Estado requiriente son inalienables".