Alicia Arias/León, Gto.- Reconocer a las personas buscadoras como una categoría especial de defensoras de derechos humanos, pide la Organización de Naciones Unida (ONU) al Estado Mexicano.
La recomendación forma parte de las observaciones finales sobre el décimo informe periódico de México sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), realizado los días 17 y 18 de junio de 2025.
El comité celebró que México elevó al Instituto Nacional de las Mujeres a secretaría de nivel ministerial, pero expresó su preocupación por las madres buscadoras que siguen siendo objeto de violencia y discriminación.
Recomendó una inversión efectiva y sostenible en los derechos de las mujeres y en programas de igualdad de género, así como el reconocimiento formal de las personas buscadoras como una categoría especial de personas defensoras de derechos humanos.
El comité celebró los avances logrados desde el examen en 2018 del noveno informe periódico del Estado parte (CEDAW/C/MEX/9) en la implementación de reformas legislativas , entre ellas: el derecho a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia; tipificar como delito las terapias de conversión que buscan suprimir o alterar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, y la ley "3 de 3 contra la violencia” para inhabilitar a las personas sancionadas por violencia de género, incumplimiento de la pensión alimenticia o delitos sexuales para ejercer cargos públicos.
Entre las recomendaciones que hace el comité al gobierno de México se encuentran las de garantizar recursos humanos, técnicos y financieros eficaces y sostenibles para los programas de derechos de la mujer e igualdad de género; así como el acceso de todas las mujeres a la información pública, incluida la relativa a la prevención y la respuesta a la violencia de género contra la mujer.
Defensoras de derechos humanos y buscadoras
“El comité está preocupado por la escalada de violencia y los ataques contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos (WHRD)” y “está alarmado por: a) el elevado número de defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, atacadas o desaparecidas; b) por el hecho de que las mujeres periodistas y WHRD se enfrentan a ataques que incluyen amenazas, violencia física, vigilancia, ataques digitales y criminalización, siendo una proporción significativa de estas agresiones perpetradas o toleradas por agentes estatales; y c) por las graves deficiencias de los mecanismos oficiales de protección y por el hecho de que las WHRD sufren ataques incluso cuando se encuentran bajo medidas de protección.
Por lo anterior, recomienda al gobierno de México lo siguiente:
-Fortalecer el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas mediante la implementación de evaluaciones de riesgo interseccionales y con perspectiva de género, garantizando una financiación adecuada y una coordinación eficaz entre las instituciones federales y estatales;
- Realizar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todos los ataques contra defensoras de derechos humanos y periodistas, garantizando la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los responsables, así como una reparación integral a las víctimas;
-Abordar las graves deficiencias de los mecanismos oficiales de protección para garantizar su eficacia y prevenir los ataques contra defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso cuando se encuentran bajo medidas de protección.
El comité destacó que “está especialmente preocupado por la situación de las "buscadoras", observando que la mayoría de quienes buscan a personas desaparecidas son mujeres, predominantemente madres, hijas y esposas, y que la violencia y la discriminación que enfrentan constituyen una persecución de género que refuerza las estructuras patriarcales”.
Denunció que eso se manifiesta a través “del desdén institucional, el desánimo y la incredulidad arraigados en la discriminación de género y los estereotipos sobre la credibilidad y los roles de las mujeres”.
Y añade: “el comité está alarmado por el hecho de que la labor de las "buscadoras" con frecuencia no se reconoce como defensa de los derechos humanos, lo que crea obstáculos a los mecanismos de protección a pesar de las iniciativas de verdad y justicia. Le preocupa además que la crisis de desapariciones forzadas coincida con la creciente violencia letal que enfrentan las "buscadoras".
En consecuencia recomienda reconocer formalmente a las "buscadoras" como una categoría especial de defensoras de derechos humanos, estableciendo normas mínimas a nivel nacional para su definición y medidas de protección, garantizando una protección mínima uniforme en todos los estados, y amplíe la protección otorgada a las defensoras de derechos humanos a las "buscadoras" para asegurar su inclusión en los mecanismos de protección.
También propone recopilar y monitorear datos para rastrear los patrones de violencia y evaluar las necesidades de protección; así como implementar medidas de protección con perspectiva de género que aborden la naturaleza inherentemente sexista de la violencia contra ellas; y establecer programas de reparación con perspectiva de género que reconozcan a las "buscadoras" como víctimas de diversos tipos de violencia, incluyendo atención de salud mental y apoyo psicosocial adecuados, abordando las repercusiones psicológicas de la incertidumbre prolongada sobre el destino de sus familiares desaparecidos y previniendo la victimización secundaria;
Una recomendación más en este tema es la de garantizar la inclusión sistemática de las "buscadoras" en los procesos de búsqueda de la verdad y conmemoración.
Eficacia limitada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
“El Comité observa con preocupación los informes sobre la limitada eficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la protección de los derechos humanos de las mujeres, a pesar de su acreditación con categoría A por la GANHRI, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París)”.
En particular hay preocupación por la limitada capacidad técnica e interacción con la sociedad civil de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que puede socavar su independencia y su capacidad para proteger eficazmente los derechos de las mujeres; por la limitada información disponible sobre las medidas concretas adoptadas por el Estado parte para fortalecer la independencia de la comisión y su mandato de protección de los derechos humanos de las mujeres; y por la insuficiente atención prestada por la comisión a las "buscadoras" (mujeres que buscan a familiares desaparecidos) y a las mujeres víctimas de amenazas, desapariciones o asesinatos, y la falta de un diálogo adecuado y seguro con estos grupos.
Por lo anterior recomienda fortalecer la función efectiva de la CNDH en la protección de los derechos de las mujeres, incluso mediante una financiación adecuada y garantizando su independencia; y velar porque priorice y apoye a las mujeres que buscan a personas desaparecidas y a las mujeres víctimas de amenazas, desapariciones o asesinatos, así como a sus familias, mediante unidades especializadas, protocolos y medidas adaptadas a sus necesidades específicas de protección.
Violencia de género contra mujeres y niñas
Pese a los avances legislativos relacionados con la violencia de género contra las mujeres, persiste la preocupación por el aumento de la violencia de género contra mujeres y niñas cometida por agentes estatales y no estatales, incluidas organizaciones criminales, como desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidio, a menudo con armas de fuego, agravado por respuestas ineficaces e insuficientes, como las políticas de control de armas y seguridad, y la recopilación de datos.
También preocupan las limitaciones de los enfoques centrados exclusivamente en las respuestas penales a la violencia de género, incluyendo el alcance restrictivo y las respuestas a la violencia digital, y la diversidad de definiciones de feminicidio en el Estado parte, que distorsionan los datos estadísticos y corren el riesgo de tener un impacto desproporcionado en las mujeres LBTI criminalizadas.
Otra preocupación es la necesidad de garantizar una política nacional de reparaciones transparente e integral para las supervivientes de todas las formas de violencia de género, incluida la tortura sexual, dentro del marco jurídico vigente; las reducciones presupuestarias para servicios esenciales de protección, como albergues y centros de justicia, que siguen siendo en gran medida inaccesibles para las mujeres con discapacidad y las mujeres en zonas remotas; y la aplicación inadecuada de los protocolos de respuesta a emergencias y los retrasos significativos en los procesos de activación del Protocolo Alba y la Alerta Amber.
Trata y explotación de la prostitución
La coordinación y la supervisión de las medidas contra la trata se ven agravadas por la impunidad, la corrupción y la infiltración de redes de trata en las estructuras locales. En particular porque “los tratantes operan con impunidad en regiones fronterizas, zonas turísticas y corredores migratorios” y por las denuncias de corrupción, colusión y complicidad de agentes del orden con redes de delincuencia organizada dedicadas a la trata y explotación de la prostitución de mujeres y niñas.
En el tema educativo, el comité observa con preocupación la “alta incidencia de violencia sexual y de género contra niñas y mujeres en las instituciones educativas, especialmente en las universidades, y la necesidad de protocolos nacionales estandarizados para prevenir y responder a dicha violencia; y la persistente alta tasa de deserción escolar debido a la violencia de género, los embarazos no planificados y la ausencia de un protocolo nacional vinculante que garantice su reingreso y permanencia en el sistema educativo”, entre otras deficiencias.