Carlos García/San Miguel de Allende, Gto.- El diputado local de Morena, Luis Ricardo Ferro Baeza, fue denunciado penalmente por la viuda de su padre, Crisanta Victoria Torres Brewer, porque se niega a cumplir con un testamento y a pagarle la pensión alimenticia ordenada por un juez.
El 10 de marzo, la viuda del exalcalde priista de San Miguel de Allende (83-85), Luis Ferro de la Sota, denunció a su hijastro por incumplimiento de obligaciones, fraude procesal, abuso de confianza, falsedad ante la autoridad y fraude. El Ministerio Público (MP) apertura la carpeta 29713.
En la querella, Crisanta Victoria relata que, el 29 de julio del 2016, Luis Ferro de la Sota dejó su testamento en la Notaría Pública 2, cuyo titular es Luis Felipe Sánchez Hernández.
Narra que en el testamento se pide que sea liquidada la empresa Desarrollo Pérez y Pérez para que los bienes del hotel “Cascada Vieja” y el terreno del hotel sean entregados a ella. Luis Ferro nombró como liquidador y albacea a su hijo Ricardo Ferro, actual diputado local por Morena.
Pero, contrario a la voluntad de Luis Ferro de la Sota, socio mayoritario de la empresa, su hijo Luis Ricardo, socio minoritario, se negó a liquidar la empresa y se autodenominó Administrador Único, señala la denunciante.
La entrega del hotel también fue exigida ante el Juez Segundo de Partido Civil de San Miguel de Allende, donde el demandado afirmó que el inmueble no existe, refiere.
Agrega que, además, el mismo juzgado en el expediente C0085/2024 ordenó "una pensión provisional de alimentos a cargo de sucesión por la cantidad de mil 244 pesos con 65 centavos diarios, que equivale a 37 mil 339 pesos con 50 centavos”.
El juzgado notificó, el dos de abril de 2024, la asignación de la pensión que “hasta la fecha no se ha cubierto, es decir, casi un año después, el imputado albacea, por dolo y negligencia, no ha cubierto la pensión de alimentos provisionales que le impuso la juez a cargo de la masa hereditaria que administra como albacea”, declaró Torres Brewer ante el MP.
El ahora diputado local es un deudor alimentario moroso por no cubrir la “pensión de alimentos provisionales que le impuso la juez a cargo de la masa hereditaria que administra como albacea”, resalta en la denuncia.
Relata que en la sucesión existen decenas de bienes inmuebles, principalmente constituidos por la Plaza Real del Conde, valuada en 322 millones de pesos.
Además de 75 acciones de la empresa Desarrollos Pérez y Pérez con un valor de 3 millones 750 mil pesos, puntualiza.
La viuda del exalcalde de San Miguel de Allende señala que el artículo 215 del Código Penal establece una pena de hasta tres años de cárcel “a quien injustificadamente deje de satisfacer obligaciones alimentarias, total o parcialmente”.
Luis Ricardo Ferro cometió el delito de abuso de confianza por no realizar una asamblea para la liquidación de la empresa y por nombrarse administrador incumpliendo con el testamento, destacó en la querella.
A finales de junio del 2023, el Congreso de Guanajuato aprobó reformas para que no pudieran ser funcionarios, ni candidatos a cargos de elección popular, las personas que tengan sentencia firme por violentar a una mujer o por ser declaradas como deudoras alimentarias morosas.