Carlos García/Irapuato, Gto.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Seguridad de Irapuato omitieron salvaguardar el derecho humano a una vida libre de toda forma de violencia del niño Juan David, de 11 años de edad, quien fue desaparecido por un policía municipal que era su padrastro, comprobó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
El policía de Irapuato Miguel Ángel ejercía violencia contra su hijastro Juan David. La madrugada del 13 de mayo del 2022, sacó a Juan David de su casa, ubicada en la colonia Urbi Villas del Rey, para supuestamente llevarlo con su padre biológico.
El 15 de mayo, Reyna María de los Ángeles Bonilla reportó como desaparecido a su hijo Juan David.
El 17 de mayo del 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) arrestó a Miguel Ángel y, en noviembre del 2023, fue sentenciado a 51 años de prisión por los delitos de desaparición cometida por particulares y violencia familiar. Hasta la fecha, las autoridades no han encontrado a Juan David.
Por este caso, la Prodheg emitió una recomendación a la directora del DIF, Liliana del Carmen Torrero García; y al secretario de Seguridad, Luis Ricardo Benavides Hernández.
Ricardo Benavides deberá iniciar una investigación contra ocho policías y un funcionario del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, entregar el Protocolo Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia al personal del Centro de Atención a Víctimas de Conductas Antisociales y a la Policía Municipal.
“-También debe- impartir una capacitación dirigida al personal operativo que participó en los hechos materia de esta resolución; y entregarles un tanto de esta resolución e integrar una copia a sus expedientes personales”, pidió Derechos Humanos.
La directora del DIF debe brindar atención psicosocial a las víctimas indirectas e iniciar una investigación contra el titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Irapuato (PAPNNA).
La Prodheg solicitó “ordenar la supervisión de los expedientes en trámite por la PAPNNA, con la finalidad de verificar que el procedimiento para detectar, investigar y diagnosticar los casos de posible vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, se realice de acuerdo con la normatividad aplicable; con el objetivo de evitar la repetición de hechos como los estudiados en esta resolución”.
Además, tiene que difundir entre el personal de PAPNNA los Lineamientos para la Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato, impartir una capacitación dirigida al titular de PAPNNA y anexar a su expediente la resolución de la Prodheg.
La Procuraduría de los Derechos Humanos comprobó que ocho policías y un funcionario del Centro de Llamadas de Emergencia no atendieron debidamente los reportes de violencia contra Juan David, realizados el 29 de marzo y del 17 de abril del 2022.
En el mismo caso está el titular del PAPNNA, quien no atendió adecuadamente el reporte de maltrato realizado el 27 de abril del 20202.
Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y el responsable del PAPNNA “omitieron salvaguardar el derecho humano de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de toda forma de violencia de Juan David, determinó Derechos Humanos.
“El personal de la PAPNNA realizó actos de investigación de manera deficiente pues no existe evidencia de que el equipo multidisciplinario se hubiera presentado en el domicilio de Juan David para recabar la documentación necesaria para acreditar la identidad de la mamá y padrastro, que hubieran entrevistado a mamá y tampoco existen pruebas que demuestren que se realizaron las demás etapas del procedimiento para detectar, investigar y diagnosticar una vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes para determinar el nivel de peligro, elaborar un diagnóstico de derechos vulnerados y emitir un plan de restitución”, señala la investigación de la Prodheg.
Los Policías Municipales omitieron informar de la emergencia a su superior jerárquico, al Ministerio Público, así como ahondar en la investigación, pues la información proporcionada por mamá debió ser corroborada con el abuelo, con el que se suponía estaba Juan David, refiere Derechos Humanos.
“Se debió llevar a cabo una entrevista con Juan David para verificar sus condiciones y en su caso, prestarle protección y auxilio inmediato”, como no lo hicieron incumplieron con el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, sentenció la Procuraduría.