ENCUENTRO CON GOROSITO…
Un grupo de expertos en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al presidente de la nación centroamericana, Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, quien funge como vicepresidenta, como los responsables directos a las violaciones a los derechos humanos en el país que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Según la investigación realizada por los expertos, en Nicaragua, “se perpetran abusos, violaciones y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”.
El presidente del grupo de expertos, el jurista alemán Jan Simon, externó: “El presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional”.
También afirmó Simon que Nicaragua debe responder como Estado “que persigue a su propio pueblo, a estudiantes universitarios, pueblos indígenas y afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia Católica y de otras confesiones cristianas”.
El documento presentado por los expertos señala que la persecución por parte del gobierno de Nicaragua a personas opositoras reales o percibidas como tales se ha vuelto más sutil, y durante el año 2023, hubo un “aumento exponencial” de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo.
Simon expresó que “Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior, y el gobierno “ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial”.
La docente de leyes Ángela Buitrago, también integrante del grupo de expertos de la ONU, señaló que “además la persecución se extiende más allá de las fronteras”. Ello se debe a “los efectos de la privación de su nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a la documentación oficial y apoyo consular, así como otras violaciones que impiden la reunificación familiar y afectan ampliamente las condiciones para subsistir”, de los expatriados nicaragüenses.
El gobierno de Ortega ha privado de su nacionalidad, documentación y también de bienes a centenares de opositores que estuvieron encarcelados o perseguidos y fueron expulsados o debieron buscar asilo en otros países.
Son apátridas sin derecho a recursos jurídicos. Según el informe de los expertos, los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos son objetivo del gobierno sólo por estar relacionados con opositores reales o percibidos como tales.
Esas “violaciones por extensión” son particularmente graves cuando se trata de niños, que han sido violentados debido a su relación parental o a las actividades u opiniones expresadas por sus padres o familiares.
Las deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han resultado en la separación de varios niños de sus padres. A algunos de ellos se les ha negado la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero.
El informe también destaca la consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del estado en manos de Ortega y su esposa, destacando particularmente el control toral ejercido sobre el Poder Judicial.
La experta uruguaya Ariela Peralta, también integrante del grupo, externó que: “El gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder y aniquilar a cualquiera que intente romper esa burbuja”.
Peralta puso énfasis en que “la centralización del poder no sólo garantiza la impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas”.
También el grupo destacó que la aprobación de la Ley de Amnistía, en el país centroamericano se ha utilizado para reforzar la impunidad, al proteger del procesamiento a violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura.
Esas disposiciones “son incompatibles con las obligaciones de Nicaragua bajo el derecho internacional de derechos humanos, en particular la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, sostiene el grupo en el informe.
El grupo de expertos instó al gobierno de Nicaragua a poner en libertad de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, cesar en las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y a emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de esas violaciones a los derechos humanos.
También pidieron encarecidamente a la comunidad internacional que tome medidas inmediatas, ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos, “una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son regla”.
Para el grupo de expertos, la comunidad internacional debería usar sus conclusiones del informe en las relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales con Nicaragua, por ejemplo: cuando condiciones el acceso preferencial de dicho país a los mercados.
¡Hasta el próximo encuentro…!
Dr.(c) Washington Daniel Gorosito Pérez