Kuali/Guanajuato, Gto.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato analizó cuatro iniciativas de reforma a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato para castigar delitos e irregularidades cometidos por notarios en contra de la ciudadanía.
La primera de las propuestas busca proteger a la gente contra actos irregulares cometidos en la función notarial; la segunda, ampliar los supuestos para que los notarios públicos no incurran en irregularidades y, de ser así, para que les sea aplicada en forma equiparada la pena del delito de usurpación de profesiones y la revocación del FIAT.
La tercera iniciativa, tiene como finalidad regular el procedimiento de equivalencia notarial mediante el cual un notario auxiliar podrá, cumplidos los trámites y requisitos, obtener la titularidad de la notaría en la que actúa, en los supuestos de fallecimiento, renuncia o retiro del FIAT del titular.
Con la cuarta iniciativa se busca fortalecer en el ámbito notarial el régimen sancionatorio, establecer mayores controles administrativos, además de ampliar el espectro de personas obligadas por la autoridad.
Al hacer uso de la voz, Vicente Vázquez Bustos, representante de la Coordinación General Jurídica del Estado, expresó que se debería valorar si es más viable cambiar la denominación toda vez que lo que se busca es verificar si el notario auxiliar cuenta con la capacidad suficiente para el ejercicio de la función como titular.
En su intervención, Jesús Luis Vega Castillo, del Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato, externó que es necesario que la figura del notario auxiliar, una vez que se tramite el proceso de equivalencia, para que se continúe con el trámite de los asuntos pendientes en la notaría, debido a que existen muchos proyectos que inciden en la vida social y en cómo se van a manejar sectores económicos.
Eduardo Pérez Alonso, miembro de la Universidad de Guanajuato (UG), calificó la propuesta como oportuna, pertinente y congruente, además de señalar que, tomando en cuenta la estadística de edad del personal notarial del estado, que es de 70 años en promedio, se desprende de la urgencia del planteamiento de la continuidad.
Por su parte, Fernando Márquez Rivas, de la Universidad de La Salle Bajío, dijo coincidir en lo general con la propuesta sobre la factibilidad de las modificaciones. Sin embargo, comentó que se compartirá algunos comentarios sobre las prohibiciones de los notarios.
Gustavo Castro Ortiz, de la Dirección de Notarías del Estado de Guanajuato, dijo estar interesado en que los exámenes sean de mejor calidad en su integración metodológica, por lo que es importante ampliar el plazo para poder llevar una logística y preparación adecuada.
El diputado Armando Rangel Hernández señaló que el proceso para la examinación no debe arrancar con la convocatoria y que se deben de tener trabajos previos para tener una serie de reactivos para hacer una serie de preparativos para que los ochos meses o más que se necesiten transcurran antes de que salga la convocatoria.
La legisladora Susana Bermúdez Cano manifestó que se tiene que escuchar la voz de quien está llevando el actual proceso y que derivado de ello recomiendan que el plazo en discusión sea de ocho meses, argumentando que dejar el plazo abierto sin límite produciría incertidumbre a los participantes.
El congresista Cuauhtémoc Becerra González, referente a los términos de tiemp, propuso que el plazo se asignara a 90 días, a razón de que la propuesta de hasta ocho meses no daría solución a la falta de claridad y certeza de quienes presentarían las pruebas.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle expresó que el espíritu del tema de las modificaciones en las sanciones se hace con base a las malas experiencias que ha vivido la sociedad por el mal comportamiento de ciertos notarios y que la finalidad es que el sector en comento haga su trabajo de la mejor manera.
A manera de conclusión, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá propuso la dictaminación en sentido positivo, toda vez que se recaben los comentarios vertidos en el análisis que tiene como fin el crear un marco normativo que ponga la actividad notarial del Estado de Guanajuato en un rubro ejemplar a nivel nacional.
Finalmente, se radicaron las propuestas para reformar la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato con la finalidad de hacer viable el principio de equidad de género en el procedimiento de designación de notario auxiliar, aspirante a notario y asignación de FIATS; la iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato y a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, en relación con la capacidad jurídica para introducir el Modelo de Sistema de Apoyos a las Personas con discapacidad.