Carlos García/Guanajuato, Gto.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato puede tener una relación de complicidad con el dueño del canal TV8 y aspirante de Morena a la alcaldía del municipio de Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, porque no ha representado adecuadamente a dos menores que demandaron al político por reconocimiento de paternidad, denunció el abogado y activista, Roberto Saucedo Pimentel.
El ocho de febrero del 2022, dos menores de edad iniciaron el juicio familiar F415-2022 contra el empresario, conductor y político para que reconozca su paternidad biológica, recordó el abogado.
Acompañado con Martha, madre de la y él adolescente que demandan la paternidad; así como por la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guanajuato, Paloma Robles Lacayo; y la defensora de los derechos de las mujeres, Iovana Rocha Cano; recordó que el juez ordenó a la Procuraduría representar a los menores y se asignó al caso a la abogada Mayra Alfaro Sánchez.
A casi dos años de que inició el juicio, Mayra Alfaro solo ha ratificado y ampliado la demanda, reprochó.
La juez Dulce María Pérez Gallardo llamó la atención a la Procuraduría y la exhortó a que impulse el proceso porque de no hacerlo habría un desinterés y el caso sería archivado, recordó Roberto Saucedo.
Agregó que sumado a la falta de acción de la Procuraduría, los abogados de Jorge Antonio Rodríguez solicitaron al juez llamar al padre legal, como una estrategia para retrasar el juico y evitar que se ordene la prueba de ADN.
El padre legal tiene 20 años trabajando en Estados Unidos y no puede viajar al municipio de Guanajuato porque es indocumentado, reveló.
“Que es lo que nos preocupa, la identidad del demandado y las redes que pudiera tener de complicidad con autoridades porque indudablemente tiene un poder económico fuerte. El demandado es el Jorge Antonio Rodríguez Medrano, es el dueño de TV8”, recalcó el abogado.
El empresario y político evade la autoridad para no reconocer la paternidad y no ponerse al corriente en el pago de alimentos por casi 18 y 16 años, lamentó.
“El demandado, es sabido el poder que ejerce con el medio y los convenios de publicidad, queremos pensar que el bien superior de los menores también son negociables cuando se trata de una persona con poder”, sostuvo la activista Iovana Rocha.
Lamentó que en un sistema de justicia indolente y con complicidades se obliga a las víctimas a salir y dar la cara.
Como vocera de la señora Martha; la regidora morenista, Paloma Robles Lacayo, relató que, el cinco de enero del 2005, su representada entró a trabajar a la pastelería “La Delicia”, propiedad de Jorge Antonio Rodríguez, así como de su esposa y ex regidora perredista, Silvia Rocha.
Desde el primer día laboral, Jorge Antonio Rodríguez acosó a Martha hasta que ella accedió por el temor de perder el empleo, narró Robles Lacayo.
En 2005 y en 2006, Martha quedó embarazada y después renuncia a la pastelería. El empresario le condiciona algunos apoyos económicos y la entrega de despensas, a cambio de que continúe estando con él, recordó la edil.
Posteriormente, la esposa de Jorge Antonio fue a la casa de Martha a exigirle que le devolviera los apoyos alimenticios que había recibido, relató.
Rodríguez Medrano comentó a Martha que no podía ayudarla porque había iniciado un nuevo proyecto empresarial con un canal de televisión, remontó Paloma Robles.
La regidora hizo responsable al empresario-político de cualquier situación que afecte a Martha y a sus hijos.