Sandra Flores/Kuali/Guanajuato, Gto.-Habitantes de la comunidad Rincón de Tamayo, del municipio de Celaya, se manifestaron en el Congreso para exigir que el gobierno municipal acate las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, el 15 de enero, por policías cuando personal de la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado (Jumapa) intentó tomar el control del servicio.
Los vecinos de la localidad solicitaron a los legisladores, en el marco de la sesión de la Diputación Permanente, que intervengan en el conflicto porque no quieren la intervención de la Jumapa en la comunidad.
También pidieron que el Congreso revoque el mandato al presidente municipal, José Mendoza Márquez.
La CNDH comprobó que hubo violaciones graves a derechos humanos por un uso excesivo de la fuerza, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y actos de tortura.
La Comisión recomendó al alcalde emitir una disculpa pública, reparar el daño y que colabore con las investigaciones de la Fiscalía y de la Contraloría.
Durante la Diputación Permanente, los diputados de Morena, Alma Alcaraz Hernández, y David Martínez Mendizábal, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al presidente Municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, a que acepte las recomendaciones de la CNDH.
“Por esos actos violatorios de derechos humanos, se promovió una queja ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ejerció su facultad de atracción por considerar que la gravedad de los hechos trascendía el interés del Estado de Guanajuato e inciden en la opinión pública nacional”, recordó David Martínez.
El diputado indicó que en las recomendaciones de la CNDH se desprende que la policía municipal actúo de manera desproporcionada, tras realizarse detonaciones de arma de fuego, uso de gas lacrimógeno, agresiones físicas a civiles y se informa que algunos elementos ingresaron a domicilios particulares, además de la realización de detenciones arbitrarias, en las que se incluye a adolescentes y una mujer embarazada.
Por lo anterior, Martínez Mendizábal indicó que a fin de garantizar la reparación del daño, la CNDH estableció medidas para que se brinde atención médica, psicológica y de rehabilitación a las víctimas que lo requieran, se otorgue una compensación de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación a los derechos humanos, una disculpa pública por parte del Presidente municipal, así como la impartición de un curso integral en materia de derechos humanos y procuración de justicia sobre derechos de los detenidos.
“Las afectaciones a diversos derechos humanos que sufrieron las personas vecinas de la Comunidad de Rincón de Tamayo ameritan una respuesta rápida y afirmativa del presidente municipal de Celaya, Guanajuato, a efecto de que acepte la recomendación y a la brevedad inicien las medidas de reparación”, finalizó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.