Carlos García/Guanajuato, Gto.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción protege a los funcionarios públicos corruptos al archivar 25 denuncias penales puestas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), acusó la diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández, al presentar ante el pleno del Congreso una iniciativa para que el auditor superior pueda impugnar cuando el Ministerio Público archive una querella.
La propuesta es para adicionar una fracción XX Bis al artículo 87 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato para que el auditor superior pueda “impugnar las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa respecto a los casos derivados de denuncias presentadas por la Auditoría Superior”.
El informe de Labores 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), entregado a la Comisión de Hacienda del Congreso, detalla que las denuncias, que datan del 2014 al año 2019, fueron contra funcionarios de San Luis de la Paz, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatio, Jaral del Progreso, Pénjamo, San Felipe, San Miguel de Allende, Tarimoro, Coroneo, Tierra Blanca, Villagrán, Jerécuaro, Sistema de Agua de Salvatierra, Secretaría de Turismo, Poder Ejecutivo y Romita.
En el documento, el auditor superior argumentó que no puede impugnar el archivo de las denuncias, por presuntos daños al erario calculados en 10 millones 552 mil pesos, porque no tiene el carácter de víctima.
El trabajo de la ASEG no ha garantizado que los servidores públicos que incurren en actos de corrupción sean castigados penalmente, lamentó en tribuna Alma Alcaraz.
El auditor superior Javier Pérez Salazar reconoció que tiene una incapacidad legal para impugnar las denuncias penales que archiva la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, recordó.
“Es absurdo que la Auditoría Superior realice un proceso de revisión del uso de los recursos públicos y que al denunciar la posible comisión de delitos, relacionados con actos de corrupción, las autoridades penales decidan desestimar las denuncias y proteger al funcionario público corrupto”, expuso.
Un quebranto de ocho millones de pesos detectado en la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato quedó impune, lamentó la legisladora.
Recordó que la Secretaría de Turismo -encabezada por Fernando Olivera Rocha, en el sexenio de Miguel Márquez Márquez- pagó ocho millones de pesos a la empresa Nwes Media para una campaña en revistas y espectaculares en varias ciudades de Estados Unidos.
La ASEG encontró el contrato y una triangulación comercial con la que desaparecieron los ocho millones de pesos, dijo.
“Se dijo que se iban a promocionar en Estados Unidos al estado de Guanajuato y resulta que cuando se pidió la evidencia, tuvieron el descaro de en una revista, pegar literal, pegar por encina un anuncio y decir: aquí está la evidencia. Fue una cosa sumamente burda”, recriminó Alcaraz Hernández.
¿Saben que dijo la Fiscalía anti Corrupción?, que no había delito que perseguir”, expuso.
La Fiscalía General del Estado dejó impunes delitos cometidos por servidores públicos y no se puede hacer nada porque la ASEG no puede impugnar, lamentó.
“Queremos una Auditoría que sirva”, pidió Alma Alcaraz.
La diputada destacó el caso de la denuncia, presentada por la ASEG el cuatro de octubre del 2018, por actos de corrupción detectados en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra (SMAPAS).
“Denunció un posible fraude, pues se pagaron 444 mil pesos al proveedor de nombre Gerardo González Palmerín sin razón alguna, pues no existe contrato ni evidencia de las labores supuestamente realizadas”, ventiló.
Ningún funcionario fue “capaz de señalar los trabajos o razones por las cuales se le pagó a González Palmerín, mucho menos probar que se haya realizado algún trabajo para beneficio público”, remontó.
La Auditoría Superior señaló que existía la posibilidad que el recurso fue usado en beneficio personal de funcionarios, dijo.
“En este caso particular, estuvo implicado un gobierno emanado de Acción Nacional. Una regidora de la oposición solicitó al actual Ayuntamiento de Salvatierra que se impugnara el archivo, sin embargo, el Ayuntamiento con mayoría panista, en un principio se negó a llevar a cabo la impugnación. Si bien, actualmente ya procedieron a recurrir en la determinación, la falta de voluntad inicial nos habla de que se trató, sobre de una decisión por presión”, expuso ante el pleno.
Impunidad
Cabe recordar que otro caso que dejó impune la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue la causa penal que había contra el alcalde priísta de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, porque gracias a su propia investigación la juez de control Marcela Ramos Rodríguez decretó el sobreseimiento del caso.
La ASEG había denunciado al ex alcalde de San Miguel de Allende (2012-2015), Mauricio Trejo Pureco, por usar 779 mil pesos del erario para pagar el sueldo de dos empleados de su bar El Grito.
El caso fue judicializado y Mauricio Trejo Pureco -nuevamente alcalde de la administración (2021-2024)-, fue vinculado a proceso -en febrero del 2021-, pero el 10 de enero del 2023, la juez de control Marcela Ramos Rodríguez decretó el sobreseimiento de la causa penal, a petición del abogado defensor Pablo González Sierra, quien uso la investigación de la Fiscalía como elemento a favor del imputado.
La ASGE había determinado que los trabajadores del bar El Grito, Diego García y Claudia Barragán, eran “aviadores” en la Tesorería Municipal.
La investigación complementaria del Ministerio Público se basó en entrevistas realizadas a delegados, comisarios ejidales, funcionarios y prestadores de servicio que tienen una relación de subordinación y comercial con Mauricio Trejo.
Aunque estaban asignados a Tesorería, la Fiscalía obtuvo declaraciones que dicen que Diego era el encargado de colocar mobiliario en los eventos del alcalde y que Claudia era su asistente personal.
“Fue la Fiscalía quien obtuvo las pruebas, fue ella quien preguntó, fue ella quien obtuvo la información, no solamente no la refutamos, estamos de acuerdo con ella”, resaltó en la audiencia Pablo González.
Antes de decretar el sobreseimiento, la juez preguntó a Mauricio Trejo si quería decir algo y respondió: “Nada más que me pongo en sus manos y que toda la información vertida son muchos meses de investigación, ahí está la claridad de las cosas y me pongo en sus manos”.