Kuali/Guanajuato, Gto.-El Congreso de Guanajuato aprobó las reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato para que los fraccionadores irregulares reparen el daño que causan pagando el valor de las obras necesarias para introducir los servicios básicos.
El pago se hará a los gobiernos municipales para doten de servicios y accesos para los lotes que se encuentren afectados de acuerdo con el Código Territorial para el Estado, con los planes o los programas estatal o municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial.
Asimismo, se precisa en el capítulo relativo a la afectación al ordenamiento territorial que se sancionará a quien promueva, induzca o aliente la formación o el establecimiento de asentamientos humanos irregulares en contravención al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a los planes, o a los programas estatal o municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial; o al que enajene o se comprometa a enajenar en forma lotificada un inmueble, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades competentes, o cuando existiendo éste no se hayan satisfecho sus requisitos, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de cien a mil días multa.
De igual manera, se indica que cuando se trate de servidores públicos y se encuentren en cualquiera de los supuestos del artículo, las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán de una mitad del mínimo a una mitad del máximo; además se le impondrán las penas de destitución del empleo o cargo y de inhabilitación de uno a diez años para desempeñar cualquier función pública.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna los diputados Miguel Ángel Salim Alle y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo.
Salim Alle mencionó que la propuesta partió de dos ejes fundamentales, de dar cumplimiento al mandato constitucional relacionado con el derecho humano al agua y precisar conductas en el Código Penal a fin de fomentar acciones para el ordenamiento territorial.
El congresista añadió que de manera específica se establece la sanción agravada para los servidores públicos que realicen conductas que provoquen el desencadenamiento de asentamientos humanos irregulares, debido a que estos cuentan con información privilegiada y acceso a documentos, por lo que utilizar el ejercicio de sus funciones para cualquier acto relacionado con incentivar o vender un asentamiento irregular evidentemente resulta reprochable.
Por su parte, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo manifestó que las reformas que se aprueban fortalecen el funcionamiento del desarrollo urbano. Asimismo, detalló que era un reto y una realidad que exigía atención oportuna para desalentar ese tipo de hechos en los que se venden asentamientos irregulares.
El legislador concordó con los planteamientos de la iniciativa respecto a dotar de seguridad jurídica las inversiones que se hacen en aquellos fraccionamientos que están en vía de regulación.
Finalmente, precisó que se fortalece tanto la parte que busca desalentar el crecimiento de fraccionamientos irregulares, como la de invertir en los que ya vive un gran número de personas, pero sin los servicios correspondientes, así como el tema de agua para todos.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.