Kuali/Guanajuato, Gto.- Diputadas de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, criticaron al alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, por no aceptar la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (Prodheg) sobre la violencia que ejerció contra una regidora en la adminmistración (2015-2018), y le dijeron que la violencia contra las mujeres es una "conducta despreciable".
El político argumentó, ante la Comisión, que no ha sido notificado de la recomendación por eso no la había aceptado y aunque estuvo presente el ombudsman, Vicente Esqueda Méndez, no se le permitió refutar los dichos de Castillo.
El diputado David Martínez Mendizábal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, mencionó que se busca explique los motivos de la negativa de cumplir con la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la que se le determinó como autoridad responsable (alcalde periodo 2015-2018), y se le pedía ofrecer una disculpa pública con motivo de los hechos acreditados a la violación de los derechos de la ofendida a una vida libre de violencia.
Juan Carlos Castillo Cantero, presidente municipal de San Diego de la Unión, comentó que solicitó al procurador de los Derechos Humanos expidiera en su favor copia certificada de todas y cada una de las constancias de lo actuado hasta el momento relativo a la queja interpuesta.
Enfatizó que no conocía el contenido del expediente y no había sido notificado al respecto, sino hasta que hizo la solicitud, por lo que no se encontraba ninguna negativa de su parte a cumplir alguna recomendación que se le haya hecho.
La diputada Katya Cristina Soto Escamilla manifestó que la Comisión había sido instruida por el Pleno para recibirle y escuchar las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a la recomendación.
Puntualizó que escucharon atentos su exposición para no aceptarla, por lo que podían concluir que cualquier acto que implique la violación de los derechos de las personas, pero sobre todo contra las mujeres, y la falta de respeto a la instituciones, a la legalidad y al propio cargo que ocupa no era una característica que deba tener la autoridad de un municipio, sino que esto denotaba el desprecio de lo que la autoridad debe representar para los que gobiernan y una conducta que se tenía que terminar.
Por su parte, la congresista Briseida Anabel Magdaleno González indicó que estaban ante un hecho histórico, que habían tenido que llamar a una autoridad que no reconoce sus actos ni acepta una recomendación del organismo de los derechos humanos.
Afirmó que este caso marcará la historia del Congreso y de la entidad, y que era consecuencia del desprecio de quien ostenta la figura pública de presidente municipal de San Diego de la Unión, ya que dio su palabra de cumplir con lo que mandata la Constitución Política de la entidad, pero los hechos demostraban lo contrario.
“La violencia contra las mujeres es una de las conductas más despreciables, reprobamos cualquier acto que violente los derechos de las mujeres guanajuatenses”, finalizó.
Castillo Cantero remarcó que en ningún momento expresó que no aceptaba ni que no reconocía lo señalado.
El legislador David Martínez Mendizábal dio lectura a las atribuciones que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos y comentó que ellos harían llegar a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso lo que aconteció, sus argumentos sobre la certificación del expediente y la no notificación que señaló.
Finalmente, agregó que esta Comisión no tiene facultades para atraerla y responder si es cierto o no, por lo tanto, solo notificarán lo sucedido a la presidencia del Congreso para lo conducente.
La comparecencia estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, diputado David Martínez Mendizábal, acompañado de las diputadas Katya Cristina Soto Escamilla, Janet Melanie Murillo Chávez y Briseida Anabel Magdaleno González; así como del congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, integrantes de la citada instancia legislativa.
Además, estuvo presente el Vicente Esqueda Méndez, procurador de los Derechos Humanos del Estado.