Kuali/Guanajuato, Gto.-En 14 años de Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la Procuraduría de Justicia y la Fiscalía General del Estado, Guanajuato se “ha sumido en una crisis de violencia e impunidad sin precedentes, en la que la institución encargada de procurar justicia se ha convertido en una administradora de injusticia”, señaló el grupo parlamentario de Morena en el Congreso estatal.
Después del análisis del cuatro informe de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde Zamarripa respondió cuestionamientos de los diputados; la fracción de Morena acusó al fiscal de formar parte del grupo de intereses creados que mantienen intacto el pacto de impunidad en Guanajuato.
Acusaron a la mayoría de los legisladores del PAN de crear un formato de análisis a modo para para evadir el diálogo, cubriendo así las falacias y mentiras del fiscal.
“Aun así, el balance del cuarto Informe de Labores de la Fiscalía General del Estado refleja que la impunidad sigue siendo la regla en el estado de Guanajuato”, puntualizaron.
Detallaron que durante 2022, 76 de cada 100 carpetas de investigación fueron terminadas mediante archivo temporal, no-ejercicio de la acción penal y abstención de investigar. Esto refleja un uso indiscriminado de las terminaciones tempranas para desechar investigaciones de delitos que lastiman a la sociedad y corrompen la impartición de justicia en la entidad, impidiendo así el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño a las víctimas de la violencia e inseguridad de nuestro estado.
La corrupción política, la violencia contra las mujeres y la crisis de desapariciones permanecen intactas ante la estructura de impunidad generada por la Fiscalía, lamentaron.
Respecto a la corrupción política, sabemos que la delincuencia de cuello blanco es un punto ciego en la procuración de justicia local, reflejado en al menos dos aspectos:
Pese a que Carlos Zamarripa presume contar con una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) que logró 9 sentencias condenatorias en todo 2022, lo cierto es que participó en 28 carpetas de investigación durante todo el periodo. Además, ninguna de las sentencias logradas fue por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), razón de ser de las UIPE.
Ante esto, resulta evidente la ineficacia de la UIPE de carácter ministerial que tiene a su cargo Zamarripa, por lo que desde MORENA hemos propuesto su traslado hacia el Poder Ejecutivo con la finalidad de darle un carácter administrativo que le permita llevar a cabo actividades preventivas. En su momento, la propia Fiscalía y la mayoría panista del Congreso rechazaron la propuesta alegando que la UIPE abona a la prevención del ORPI, sin embargo, la información adicional de este 4to Informe reconoce que los aspectos preventivos se encuentran fuera de los alcances de la Fiscalía.
De este modo, es evidente que el combate al ORPI, uno de los delitos con mayor impacto en las estructuras económicas de los grupos criminales, sigue siendo un asunto irrelevante en la Fiscalía que dirige Carlos Zamarripa Aguirre.
La discrepancia entre la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y la Fiscalía Anticorrupción (FA) es evidente, no sólo por la incongruencia entre los datos que presenta cada institución, sino por el sistemático desecho de denuncias derivadas de procesos de fiscalización.
Según datos de la ASEG, hasta el cierre de 2022, había interpuesto un total de 265 denuncias por presuntos actos de corrupción ante la FA (provenientes en su totalidad de ejercicios fiscales pasados). Sin embargo, de éstas, únicamente se habían logrado judicializar nueve y resolver por mecanismos alternativos tres (números que permanecen sin cambio alguno desde 2021), siendo el resto acumulaciones (10), archivos (85), consignadas (4), incompetencias (8), reservas (6) y en trámite (140). De estos datos se advierte la nula capacidad de las instituciones para investigar, perseguir, reponer y castigar la corrupción.
Desde el Grupo Parlamentario de MORENA estamos convencidos de que la mayor parte de los archivos son favores políticos, basta con recordar 2 casos. El primero, a nivel estatal, es el archivo definitivo de las denuncias derivadas de los negocios entre el Gobierno Estatal y empresas como International News Media LLC con los que se desviaban recursos (al menos 8 millones de pesos) para la supuesta promoción de la oferta turística de Guanajuato en Estados Unidos. Aquí, la ASEG demostró que los contratos se pagaron y nunca se llevaron a cabo; sin embargo, pese al evidente fraude, para la FA esto no fue un delito. El segundo caso, es el archivo de la denuncia derivada del desfalco al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra. Aquí, la ASEG demostró que personas cercanas a la cúpula municipal del PAN pagaron casi medio millón de pesos a un falso proveedor sin contrato ni evidencia de trabajo alguno; sin embargo, en este caso la FA también determinó archivarlo sin razón alguna.
Como estos dos casos, hay 83 más, en los que el Auditor Superior ni siquiera sabe las razones del archivo y el Fiscal General presumiblemente oculta la información, con lo cual se reafirma la importancia de dotar a la Auditoría Superior de la facultad de impugnar las determinaciones de la FA, tal como propusimos al inicio de la legislatura.
Evidentemente, la FA tiene deficiencias insalvables que —en los hechos, ya sea de forma inercial o intencional, autónoma o con colaboración de la ASEG— garantizan el pacto de impunidad de la corrupción política en el estado.
En lo referido a la violencia contra las mujeres, desde MORENA hemos venido denunciando un posible subregistro importante de feminicidios, mismo que se refuerza con los datos que arroja este 4to Informe de Carlos Zamarripa.
En 2022 hubo un total de 971 muertes violentas de mujeres, es decir, homicidios dolosos, culposos y feminicidios; sin embargo, la Fiscalía únicamente clasificó como feminicidios 2 de cada 100 muertes violentas de mujeres (2.16%). Esta discrepancia entre un delito y otro ha sido una tendencia en el estado en los últimos años, y todo indica que 2023 no será la excepción, pues de los más de 100 casos de muertes violentas de mujeres que se han registrado en el primer mes del año, ninguno ha sido clasificado como feminicidio.
Otro elemento que reafirma la hipótesis de subregistro es que, según la información adicional de este 4to Informe, en 2022 no se dio ningún caso de reclasificación de homicidio dolosos o culposo de mujeres a feminicidios en el Poder Judicial. Sin embargo, esto es contradictorio con lo señalado por el mismo Poder Judicial, pues de acuerdo con una solicitud de acceso a la información, la tendencia es que el Poder Judicial reporta entre 2 y 4 veces más asuntos penales iniciados por feminicidio, que aquellos reportados por la Fiscalía en los últimos años. Por ejemplo, la suma total de carpetas abiertas por feminicidios en el periodo 2020-2022 fueron 75, mientras el total de asuntos penales iniciados por feminicidio en el Poder Judicial para el mismo periodo fueron 233.
Finalmente, durante la comparecencia, el Fiscal reconoció que desde el Poder Judicial le están reclasificando carpetas de investigación inicialmente abiertas por homicidio doloso y posteriormente reclasificadas a feminicidio. Eso indica una falla estructural en la Fiscalía, pues inicia investigaciones de muertes violentas de mujeres por delito diverso al de feminicidio, lo que implica perder una buena cantidad de tiempo en dejar de realizar diligencias con perspectiva de género, afectando con ello las investigaciones y dificultando dar con el paradero del agresor.
La impunidad que existe respecto a los delitos contra las mujeres es preocupante. Durante 2022 la Fiscalía únicamente logró 36 sentencias condenatorias por el delito de homicidio doloso, todas de carpetas abiertas entre 2018 y 2022. Sólo para dimensionar el problema, en ese mismo periodo se registraron 1,797 casos de dicho delito.
Por su parte, en 2022, la Fiscalía no logró ni una sola sentencia condenatoria por el delito de homicidio culposo de mujeres, aún cuando se presentaron 537 casos que, por lo mismo, siguen impunes.
Lo mismo sucede con el delito de lesiones dolosas a mujeres: en todo 2022 la Fiscalía solo logró 10 sentencias condenatorias, pero sólo de casos del periodo 2016-2021, ninguno de 2022. Es decir, siguen impunes los 6,908 casos que se dieron el año pasado, sin contar los más de 500 que llevamos en este 2023 y los pendientes de años anteriores.
Asimismo, respecto al delito de violación sexual, la Fiscalía logró 106 sentencias condenatorias de carpetas abiertas entre 2014 y 2022. Para dimensionar la situación, solo en 2022 hubo un total de 953 casos; en 2021, fueron 896, sin contar los casos de los años anteriores. La cantidad de carpetas pendientes es indignante para las mujeres víctimas que esperan justicia.
Por lo todo lo anterior y ante la crisis evidente de derechos humanos de las mujeres en Guanajuato, desde MORENA consideramos urgente la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra las Mujeres, así como la constitución de una Comisión Especializada de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres en el Congreso del Estado.
Por último, en materia de la crisis de desaparición de personas, la Fiscalía está muy lejos de ser la institución que necesitamos en la investigación de tan graves violaciones a los derechos humanos.
Durante los últimos años, las desapariciones de personas en Guanajuato han incrementado exponencialmente hasta llegar, al menos, a 3,186 personas en esa situación en la actualidad.
Sin embargo, el trabajo realizado por la Fiscalía sigue siendo deficiente, tal como han denunciado los colectivos de víctimas de forma sistemática. Para empezar, la Fiscalía encabezada por Carlos Zamarripa no tiene claridad respecto el fenómeno en la entidad: en el Informe hablaron de la existencia de 3,191 carpetas de investigación iniciadas en materia de desaparición de personas, pero en la información adicional no pudieron aclarar cuántas de esas desapariciones consistían en desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, y tampoco precisar cuántas de ellas siguen vigentes porque las personas siguen desaparecidas.
Además, los colectivos de familias de personas desaparecidas afirman que la Fiscalía sigue negándose a colaborar para revisar las carpetas de investigación iniciadas en los diferentes hallazgos o fosas clandestinas, y que ninguna carpeta de investigación tenía una hipótesis, es decir, que ninguna tenía idea sobre los posibles hechos de la desaparición. Esto significa que la Fiscalía no se sabe cómo hacer una investigación sobre personas desaparecidas bajo estándares mínimos de investigación en la materia.
En el mismo sentido, la Fiscalía sigue careciendo de una Unidad de Análisis de Contexto específica al interior de su organización, lo cual no sólo está mandatado por la Ley para la Búsqueda de Personas de la entidad (artículo 45), sino que se trata de un elemento fundamental para la elaboración de diagnósticos que permitan conocer los modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que permitan el diseño de acciones estratégicas para la búsqueda.
En cambio, de acuerdo con la información adicional, la Fiscalía sigue “ensayando” mecanismos organizacionales que provocan la inexistencia de la Unidad de Análisis de Contexto, así como la subordinación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares ante la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, aún cuando la Ley Orgánica de la Fiscalía (artículo 10) les otorga el mismo rango jerárquico.
Por su parte, dadas las carencias de la institución y la falta de formación del personal que han denunciado las víctimas y colectivos de familiares de personas desaparecidas, resulta incomprensible que, en todo 2022, no se haya gastado un solo peso del Fondo Auxiliar de Procuración de Justicia, que para el periodo contó con casi 68 millones de pesos.
Ese fondo sirve, entre otras cosas, para asesoría y consultoría en procuración de justicia, derechos humanos y perspectiva de género, así como para la adquisición de equipamiento y desarrollo de estrategias de inteligencia, que bien podrían usarse para la adecuada búsqueda de personas y atención a familiares y víctimas.
Por último, resulta indignante que, manteniendo el Fondo de Atención y Apoyo a las Víctimas, que para 2022 contó con 65 millones de pesos, en todo el año apenas gastara 3.9 millones (6%). Este fondo debería servir para asistencia médica, asesorías jurídicas, ayudas económicas y medidas de protección para las víctimas; sin embargo, los apoyos son muy bajos con montos que parecen una burla cuando hay dinero de sobra.
Sólo por mencionar algunos: por desaparición de personas, otorgó poco más de 100 mil pesos en todo el año; por feminicidio, 52 mil pesos; por delitos de índole sexual y violencia familiar, mil 300 pesos.
Este estado tiene miles de víctimas con incontables carencias, y aun así, el Fiscal Zamarripa se da el lujo de mantener un subejercicio perpetuo en la materia que viene, al menos, desde los últimos 3 años.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de MORENA está convencido de que una de las condiciones indispensables para atender la crisis de seguridad, violencia y procuración de justicia en la entidad es la destitución de Carlos Zamarripa Aguirre, pues sólo así será posible comenzar a construir la paz en nuestra entidad, a partir de la impartición de justicia en todas sus dimensiones: esclarecimiento de delitos, reparación del daño a las víctimas, castigo a los culpables.