Alicia Arias/León, Gto.- Las organizaciones Colectivo Urbe y Planeta B interpusieron una demanda de amparo en contra del Gobierno Municipal de León por violar la Ley general de movilidad y seguridad vial y destinar más dinero a la infraestructura para los automóviles.
Con este recurso buscan que el ayuntamiento local rectifique el presupuesto de egresos aprobado para este 2023 y restituya dos metas que fueron eliminadas del Programa de Gobierno Municipal de León, Guanajuato, 2021-2024 en la sesión del ayuntamiento del pasado 19 de diciembre.
Se busca “restituir el plan de gobierno en su metas originales y que se reestructure el presupuesto de egresos 2023 para cumplir con estas directrices que están incluidas en la legislación” y en otras directrices establecidas por la OCDE y el IMCO, por citar algunas, declaró en conferencia Juan Pablo Delgado Miranda, ex candidato a la presidencia municipal de León por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y director general de Amicus DH, A.C.
En compañía de Nélida Aviña Campos, de la Red de Ciclistas Urbanos; Ernesto Ramírez García, del Colectivo Urbe; y de Benjamín González Millán, de Planeta B; Juan Pablo Delgado, dijo que el recurso de amparo se presentó este lunes 16 de enero en la sede de los juzgados de distrito de esta ciudad y todavía no ha sido radicado a un juzgado.
Además de la rectificación del presupuesto y la restitución de las dos metas eliminadas, se está solicitando medidas de reparación adicionales, como el establecimiento de disposiciones reglamentarias municipales para que no se vuelva a diseñar un presupuesto con las características del actual, el diseño de un plan de movilidad a largo que plazo que garantice la inversión progresiva, y la generación de información que respalde la toma de decisiones del Municipio, explicó.
Nélida Aviña denunció que “existen violaciones a la jerarquía de la movilidad, que es un derecho que está en la constitución” y que da a origen a la Ley general de movilidad y seguridad vial, que establece la obligatoriedad de respetar la pirámide de la movilidad que coloca, en primer lugar al peatón, después a los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga y, por último, a los automóviles privados y motociclistas.
LEÓN RETROCEDE
Al hablar de las violaciones en las que está incurriendo el gobierno municipal, Benjamín González explicó que en el presupuesto 2023 destinado a la movilidad se destina el 76.4 por ciento. “Esto, simplemente, no cumple con la pirámide de movilidad sino que es un retroceso”, además de que se redujeron dos metas importantes en el programa de gobierno 2021-2024. Una es la eliminación de uno de los dos polígonos de bicicleta contemplados en las zonas norte y sur de la ciudad para para complementar el que se hizo en la zona centro. La otra meta que se eliminó es la edificación de una de las dos terminales que se tenían contempladas para el Sistema Integrado de Transporte (SIT).
Lo anterior, dijo, “sigue violentando la pirámide de movilidad” y seguir invirtiendo en infraestructura para coches y expandiendo vialidad genera el efecto conocido como demanda inducida, “porque al expandir carriles se alivia el tráfico temporalmente pero la gente intuye que es más fácil ese tipo de movilidad y a la larga genera el mismo tráfico, o peor, y eso está documentado por diversas universidades”, señaló.
CRITERIOS PARA LA MOVILIDAD
LA Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece que por cada peso invertido en vialidad para el coche se deben destinar dos pesos para el transporte público, respetando un 20 por ciento para movilidad no motorizada y peatones.
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) indica que se debe respetar el uso modal. Esto significa que sí en León el 30 por ciento de la gente se mueve en automóvil únicamente se invierta el 30 por ciento de los recursos en infraestructura para el auto, y el 70 por ciento para el resto; pero en León se está destinando el 76.4 por ciento, esto es cerca de 315 millones de pesos.
En León, “históricamente se ha invertido siempre en pro de la movilidad del auto particular”, dejando de lado al transporte público y a la movilidad activa, que es la movilidad en bicicleta y la movilidad peatonal”, mencionó Ernesto Ramírez.
Agregó que datos del Censo de población y vivienda 2020 revelan que en León solamente cuentan con banqueta tres de cada 10 vialidades, que únicamente tres de cada 10 cuentan con infraestructura para el tránsito en bicicleta, que tres de cada cuatro no cuentan con cruces peatonales, que en el 60 por ciento de las calles carecen de rampas o alguna consideración para la accesibilidad universal, y que solamente en el 11.9 por ciento de las calles transitan rutas del transporte público.
Además, de acuerdo a la información generada por el mismo gobernó leonés, en el 2022 ocurrieron alrededor de 20 mil hechos de tránsito, de los cuales 80 involucraron a peatones que fueron atropellados y alrededor de 70 donde hubo una persona ciclista involucrada.
Invertir en transporte particular siempre va a ser la manera más ineficiente de resolver el problema de movilidad de personas y de bienes porque ocupa mucho espacio en comparación con el transporte público o la bicicleta, agregó Benjamín González.
“Se está invirtiendo más dinero a lo que es más ineficiente y a lo que genera efectos negativos en la ciudad y ese transporte únicamente mueve al 30 por ciento de los viajes diarios en la ciudad. El 70 por ciento restante de la gente se mueve en transporte público, principalmente, y otros medios de movilidad”, señaló.
COMETEN EL MISMO ERROR
Por su parte, Juan Pablo delgado dijo que “el programa del gobierno municipal 2021-2024 reconoce que históricamente se ha invertido prioritariamente en el automóvil. Cómo puede ser que reconociendo eso vuelvas a hacer lo que generó esa realidad que señalas como un error. Es irrazonable desde el punto de vista de diseño de política pública”
Aunque el Congreso del Estado de Guanajuato “está violentando la disposición legal” al no haber armonizado las leyes estatales con la ley nacional de movilidad, lo cual debió hacer a más tardar en diciembre del 2022, eso “no exime al Municipio cumpla con los estándares de la ley general de movilidad”, denunció el director de Amicus.
Destacó que el Artículo 4 constitucional tutela el derecho a la movilidad. “N es un derecho que se esté inventando”, indicó.
“Si no hay dinero no se van a poder hacer los proyectos que tanto planeamos en mesas de trabajo”, concluyó Ernesto Ramírez del Colectivo Urbe.