Carlos García/Guanajuato, Gto.- El Congreso del Estado de Guanajuato solicitó al gobierno panista de León un informe sobre las acciones que aplica la Secretaría de Seguridad para salvaguardad la integridad de las menores de edad y las acciones reparatorias a favor de la niña Dulce Melissa Mendoza Ramírez, quien estuvo desaparecida dos meses después de que fue arrestada por la policía.
El 16 de octubre del 2021, la Policía de León arrestó de manera “arbitraria” a Dulce, cuando la menor se dirigía a la tienda -en la colonia Cumbres de la Gloria-, y “desde ese momento el proceso estuvo lleno de errores y omisiones por parte de las autoridades, atentando así contra el interés superior de la niñez y cometiendo una grave violación a sus derechos humanos”, señala el dictamen del punto de acuerdo elaborado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso y aprobado por el pleno.
El documento recuerda que el Colectivo Madres Guerreras de León apoyó a Reyna Josefina Ramírez Briseño para buscar a su hija de 12 años de edad, que desapareció cuando salió de los separos de la Central de Policía (Cepol).
La Policía de León amenazó a Dulce cuando la arrestaron, no notificaron del arresto a la Procuraduría de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, permitió que adultos -que no eran familiares- se la llevaran y no actuó de inmediato cuando la mamá denunció que desapareció, señaló la Comisión de Derechos Humanos.
El gobierno de León actuó dos meses después de su desaparición cuando el caso fue publicado en medios de comunicación y “porque ya les era imposible seguirlo ignorando”, resalta el documento aprobado por el pleno del Congreso de Guanajuato.
Agrega que desde que Dulce fue arrestada el gobierno de León adquirió la responsabilidad de salvaguardad su integridad y bienestar.
“El que la Policía haya dejado salir a Dulce sin notificarle a la familia sobre su estado o destino, además de haberla puesto en riesgo, también viola lo establecido en los protocolos en la materia y que se encuentran amparados por la Constitución y Tratados Internacionales”, resalta el dictamen.
Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos cuestionaron “¿cuántas detenciones de menores no se efectuarán con esta misma modalidad, condiciones o circunstancias?, atentando contra el principio del interés superior de la infancia”.
Recuerdan que afortunadamente, el 11 de diciembre, Dulce fue encontrada y aunque el gobierno de León reconoció que no garantizaron la integridad de la menor e iniciaron un proceso para deslindar responsabilidades administrativas, “esto no resulta suficiente para frenar la manera como se condice la policía leonesa, marcada por la represión policial”, que es una constante desde junio de 2019, cuando Mario Bravo Arrona asumió la Secretaría de Seguridad.
Durante el análisis de la propuesta de punto de acuerdo se solicitó un informe, a la Secretaría de Seguridad de León, sobre las acciones preventivas y correctivas del caso, pero la respuesta no fue puntual, ni detallada, recriminó en tribuna la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar.
El punto de acuerdo para exhortar al gobierno de León es un mensaje para que los 46 Ayuntamientos sepan que el Congreso está vigilando que no cometan abusos policiales, en especial contra las mujeres y menores de edad, resaltó la legisladora.
Al final de la exposición, el pleno del Congreso aprobó el punto de acuerdo donde “exhorta al Ayuntamiento de León para que instruya a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana para que remita a esta Asamblea un informe integral sobre las acciones correctivas y preventivas implementadas o que se van a implementar para garantizar la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte del personal de esa secretaría, e informe sobre las medidas que ha tomado para garantizar la no repetición de los hechos descritos en la propuesta y si se ha efectuada alguna acción reparatoria”.