CIMAC/Ciudad de México.- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó el pasado miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un proyecto de ley contra el feminicidio.
Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señala que el desarrollo de más marcos legales para investigar y sancionar no terminan con el verdadero problema: el delito persiste ante la omisión y negligencia provenientes de las autoridades en todos los niveles del gobierno mexicano.
En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza, refirió que la propuesta presentada por el ministro presidente de la SCJN refleja una “buena intención” para homologar criterios, pero para la construcción del proyecto no se realizó un análisis a nivel estatal. Además, la abogada feminista indicó que varias de las recomendaciones que se sugieren en ella están rebasadas, pues ya existen protocolos y líneas de actuación para atender y prevenir el delito.
Debido a lo anterior, Estrada Mendoza aseguró que la propuesta presentada ante la Comisión Permanente no puede aprobarse así como se encuentra, pues es urgente que primero se realice una discusión con la sociedad civil, ya que cuenta con vacíos.
“Este proyecto tiene que revisarse, porque la Suprema Corte no está facultada para generar los marcos legales, ya que es la encargada de cuestionarlos”, explicó la directora del OCNF.
GENERAR MARCOS LEGALES NO PERMITE ERRADICAR LA IMPUNIDAD EN CASOS DE FEMINICIDIO
Cabe destacar que en el proyecto, Arturo Zaldívar planteó a las y los legisladores la necesidad de reformar el artículo 73 de la Constitución mexicana y facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que coordine las acciones de los tres niveles de gobierno en materia de feminicidio y los delitos vinculados a este.
Además, se prevé la obligación de crear un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidio y se contemplan medidas de reparación integral y prevención del delito.
Para María de la Luz Estrada, durante años, mujeres de la sociedad civil se han dado a la tarea de crear protocolos en los estados para investigar y sancionar el delito de feminicidio; sin embargo, las autoridades han decidido ignorar las recomendaciones y continúan perpetuando el clima de impunidad en los procesos.
“Hemos trabajado en protocolos y procedimientos en los estados para garantizar la vida de las mujeres, en algunos casos hay que afinar, pero no los implementan. No es un problema de generar marcos y marcos, el problema es que aunque tengas el mejor tipo penal, la autoridad es machista”, expresó.
Las mujeres y sus familias siguen sin acceso a la verdad, justicia y reparación en muchos de los casos. Asimismo, se convierten en víctimas de violencia institucional debido a que “la autoridad no investiga” y revictimiza, destacó María de la Luz Estrada.
Por ello, la coordinadora del OCNF reiteró que los marcos legales y protocolos ya están, por lo que es necesario que las autoridades hagan lo que les corresponde para acatarlos y trabajar desde la perspectiva de género.
La activista refirió también que la iniciativa ha sido motivo de discrepancia entre las integrantes del OCNF, debido a que por un lado se considera redundante e innecesaria; pero por otra, se ha señalado la importancia de una homologación de criterios en los estados al momento de investigar el delito de feminicidio.
Sin descalificar este planteamiento [de la SCJN] tenemos que discutirlo más porque es una complejidad: la violencia contra las mujeres es complejidad cultural y representa una cadena de impunidad que debemos romper. No depende de un marco legal, depende de la autoridad.
URGENTE DEJAR DE ANALIZAR EL DELITO DE FEMINICIDIO COMO UN HECHO AISLADO
En su argumentación, Arturo Zaldívar afirmó que la propuesta surgió a raíz de la serie documental Caníbal “Indignación Total”, producida por la Suprema Corte, desde donde –aseveró el magistrado– “se generó una reflexión colectiva que debe llevar a una gran alianza entre la sociedad y los poderes públicos para erradicar la violencia feminicida”.
Sin embargo, para la política feminista Martha Tagle Martínez, dicho análisis demuestra que aún se observa al feminicidio como un hecho delictivo individualizado y no como un producto de la violencia feminicida.
“Incluso en su documental se dejan ver las omisiones, complicidad y negligencia de autoridades que no hicieron lo que tenían que hacer para evitar que las mujeres fueran asesinadas”, manifestó Tagle. Ante ello, concluyó que el feminicidio y la violencia feminicida no se resuelven con una nueva ley general: se necesita que las autoridades “actúen de una vez por todas”.
Escrito por Berenice Chavarría Tenorio
Foto: César Martínez López