La Jornada/Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes el decreto 164 del Congreso de Guanajuato que autoriza a la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo a contratar deuda pública por 4 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, destinada a proyectos de inversión pública productiva.
Por unanimidad y sin discusión, el Pleno de la SCJN aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por 12 diputados locales de Morena y del PT, quienes alegaban que el Congreso autorizó endeudamiento sin precisar los proyectos de inversión pública productiva, lo que —a su juicio— violaba el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución y favorecía un manejo discrecional y opaco de los recursos públicos.
“El proyecto concluye que este planteamiento es infundado. Se explica que el citado precepto constitucional exige que el órgano legislativo autorice el endeudamiento, analice previamente la capacidad de pago y determine el destino del financiamiento. Sin embargo, no impone que el decreto legislativo individualice cada una de las obras o proyectos específicos que posteriormente ejecutará el Poder Ejecutivo”, señaló la ponente.
Explicó que el Decreto 164 identifica seis programas de inversión pública, asigna a cada uno un monto determinado y limita expresamente el destino de los recursos a esos programas “por lo cual satisface el grado de precisión que exige el artículo 117, fracción VIII de la Constitución federal.