Alicia Arias/Guanajuato, Gto.- Falta de coordinación entre Estado y Municipios y poca inversión en prevención social y delictiva, fueron parte de los señalamientos realizados por legisladores del partido Morena durante el primer día de la glosa del segundo informe de gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Hades Berenice Aguilar Castillo, diputada del Grupo Parlamentario de Morena (GPMorena) en el Congreso del Estado de Guanajuato, cuestionó sobre la situación de seguridad y atención a víctimas en el estado de Guanajuato.
Señaló que durante 2025 se registraron más de 30 mil delitos, de los cuales 2 mil 539 fueron homicidios dolosos, mil 500 corresponden a casos de extorsión y que Guanajuato lidera las denuncias por corrupción de menores.
Su compañero de bancada, Abraham Ramos Sotamayor, denunció que casi un 70 por ciento de los 8 mil 317 millones de pesos que el gobierno del estado ha invertido en la estrategia de seguridad “Confía” y en el programa “Fénix”, han sido ejercidos por la Secretaría de Seguridad y Paz – a cargo de Juan Mauro González Martínez-en medidas de seguridad reactiva.
En contraparte, solamente se destinó 1.2 por ciento a programas de prevención social y delictiva, es decir, 69 millones de pesos, “una cifra mínima frente al gasto en publicidad gubernamental, que para 2025 fue de 732 millones de pesos”, destacó el legislador.
Lamentó que, a pesar de los informes que aseguran una reducción en la incidencia delictiva, Guanajuato mantiene el tercer lugar a nivel nacional en delitos, lo que evidencia que la inversión en seguridad reactiva no se traduce en resultados efectivos y que la prevención social sigue siendo insuficiente.
Pidió reorientar el presupuesto para que haya programas que atiendan las causas de la violencia, como son la educación, el empleo y el apoyo a comunidades vulnerables.
“Se gasta más en publicidad que en prevención de violencia. La seguridad real de los guanajuatenses sigue en riesgo”, aseguró.”
El diputado Ernesto Millán Soberanes puso en duda la coordinación del gobierno estatal para reducir los delitos, al señalar que, en municipios como Silao, la incidencia delictiva ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Aseguró que falta una estrategia efectiva y de coordinación entre el gobierno estatal y las autoridades municipales para atender la problemática de seguridad.
La legisladora Eugenia García Oliveros destacó que hace más de un año se anunció la terminación del “magno edificio” del Instituto de Formación Policial, ubicado entre Celaya y Villagrán, pero sigue sin operar pese a los recursos destinados, de los que no se han transparentado su aplicación, acusó.
La también morenista, Plásida Calzada Velázquez, cuestionó que, a pesar de la capacitación de más de 4 mil policías estatales y 540 municipales, la violencia en Guanajuato no disminuye, manteniéndose en los primeros lugares de homicidios dolosos.
“Más policías capacitados, pero más violencia (…) ¿Qué es lo que está pasando?”, cuestionó.
Atención a víctimas es deficiente: Hades Aguilar
La diputada Hades Aguilar destacó que la Secretaría de Gobierno, a cargo de Jorge Daniel Jiménez Lona, ha otorgado hasta el momento 671 atenciones médicas a víctimas del delito y cuestionó que aún no exista un “carnet” de identificación para garantizar la atención a víctimas directas e indirectas de la delincuencia.
Y preguntó: “¿Dígame usted cuáles son las sanciones para las personas “soplonas” (que colaboraban con delincuentes) que detectaron?”.
La legisladora, Miriam Reyes Carmona exigió al secretario de Gobierno claridad y garantías de protección para la población migrante ante la incertidumbre sobre su situación jurídica y posibles restricciones. Lamentó que persistan problemas graves como desapariciones, violencia contra mujeres, niñas y niños, y desconfianza ciudadana.
Hades Aguilar reclamó a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Paz y de la Secretaría de Gobierno respuestas claras y contundentes a los cuestionamientos realizados por el Grupo Parlamentario de Morena, y criticó la “escasa y poco sustantiva” respuesta de las autoridades y dijo que no se debe “ofender la inteligencia del pueblo ni la de los legisladores”.
También pidió cifras sobre personas desaparecidas, destacando la necesidad de saber cuántas han sido localizadas por las buscadoras y cuántas por las autoridades.