Alicia Arias/León, Gto.- El Paquete Fiscal 2026 propuesto por el Gobierno del Estado de Guanajuato contempla aumentos desproporcionados en servicios y trámites gubernamentales, que van desde del 20 hasta el 236 por ciento sin sustento legal, declaró la delegada nacional de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar.
La bancada de MC en el Congreso del Estado de Guanajuato no aprobará ningún incremento mayor al cuatro por ciento “que no esté técnica y públicamente sustentado”, dijeron esta mañana en conferencia de prensa la diputada local, Sandra Alicia Pedroza Orozco, y la delegada de MC.
El pasado 25 de noviembre, la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó al poder legislativo la propuesta del Paquete Fiscal 2026, integrado por las leyes de ingresos y presupuesto de egresos. Contempla ingresos por 140 mil 331 millones de pesos más un endeudamiento por 8 mil millones de pesos; y un estimado de egresos por 132 mil 331 millones de pesos.
Se proponen incrementos en las tarifas de trámites y servicios gubernamentales. Por ejemplo, las actas de nacimiento para personas adultas suben 32.6 por ciento, las certificaciones del Registro Público aumentan entre 22 y 43 por ciento, la inscripción de escrituras aumenta 22 por ciento, la baja o modificación al padrón sube 236 por ciento y el refrendo de placas aumenta 75.6 ciento, entre otros incrementos.
Al respecto, Yulma Rocha comentó: “Salta mucho este paquete de aumentos desproporcionados que parecen no tener sustento técnico y, a la par, una solicitud de deuda en la que se incluye el proyecto del Acueducto Solís, pero tampoco hay una claridad en el proyecto del acueducto”.
Destacó que se desconoce a dónde irá cada peso solicitado y “pareciera que no hay mucha congruencia en el paquete fiscal”; además de que “no se ve reflejado un sentido social. Refleja un espíritu meramente recaudatorio que no tiene un beneficio social, pero tampoco en el mejoramiento de la prestación de los servicios estatales”.
La legisladora Sandra Pedroza mencionó que la bancada de MC en el congreso estatal está analizando la propuesta del paquete fiscal y que no aprobarán ningún incremento superior a la inflación, que es del cuatro por ciento.
Añadió que esperan que la Comisión de Hacienda y Fiscalización del congreso dictamine aplicando el mismo criterio que utilizó “al no permitir incrementos discrecionales que proponían algunos Municipios”.y pidió dictaminar una ley de ingresos justa para la ciudadanía.
Análisis de MC sobre los aumentos propuestos
-Actas de nacimiento para personas adultas suben 32.6%, de $98 a $130, bajo el argumento subjetivo de “costos tecnológicos”, “facilitar acceso”, “reducir tiempos”, “homologar trámites presenciales y digitales”.
-Certificaciones del Registro Público aumentan entre 22% y 43%, pero el propio documento reconoce que los tiempos de respuesta siguen siendo elevados por “complejidad técnica”, sin asegurar que el aumento reducirá tiempos ni mejorará el servicio.
-La inscripción de escrituras pasa de $2,099 a $2,574 (+22.6%) y la inscripción en línea sube 23.3%, pese a que la digitalización debería abaratar costos futuramente.
-La baja o modificación al padrón sube 236%, de $111 a $373, justificada únicamente en “comparativos con otros estados”, no en el costo real del trámite ni en mejoras al sistema. Aunque el instrumento es legítimo, la justificación resulta insuficiente, pues no considera la diversidad de realidades ni se evalúa la capacidad económica, impacto social ni ingresos.
Nuevos cobros selectivos
Respecto a los nuevos cobros MC advierte que carecen de reglas claras y protección a
pequeños negocios.
La creación o ampliación de derechos en materia de bebidas alcohólicas, verificaciones, cesiones de derechos, permisos eventuales y provisionales se basa en justificantes genéricos (“equilibrio administrativo”, “actualización tecnológica”), pero no hay metodologías, diagnósticos económicos ni análisis de impacto sectorial.
-Se agregan nuevos cobros por verificaciones presenciales en establecimientos de bebidas alcohólicas, permisos globales y cesión de derechos de licencias, lo que encarece operar un negocio formal y termina trasladándose a precios al consumidor.
- Nueva verificación presencial del SATEG: $2,181
- Nueva cuota por cesión de derechos de licencias: $842
- Permisos provisionales de bebidas alcohólicas: se cobra el 25% del total de licencias asociadas.
- Para casas de empeño y yonques se crean tarifas de hasta $3,791 por análisis de permisos y $966 por refrendo anual, sin detallar criterios técnicos ni acompañar la medida con un esquema de supervisión o protección a usuarios; la justificación se limita a decir que “representan erogaciones al SATEG”.
Cuidar el medio ambiente será más caro… sin un plan serio de fortalecimiento institucional, pues los trámites ambientales tienen algunos de los incrementos más altos, y se incorpora un nuevo cobro por la Cédula de Operación Anual (COA):
- Las manifestaciones de impacto ambiental suben alrededor de 20% en todas sus modalidades; los estudios de riesgo y afectación ambiental también se encarecen de forma importante
- Se crea un nuevo derecho de 500 pesos por la revisión y validación de la COA, que es el instrumento con el que las empresas reportan sus emisiones y descargas.
La propia exposición de motivos reconoce que el Estado no recupera ni una parte mínima de los costos reales; los tiempos de respuesta son lentos; las capacidades técnicas son insuficientes; y las tarifas estaban por debajo del promedio nacional.
En conclusión “cumplir será más caro, pero no más efectivo”, advierte Movimiento Ciudadano y, por ello, anunció que no avalaremos incrementos mayores al 4% sin justificación sólida, que no permitirá que la ciudadanía pague por deficiencias administrativas, que no acompañará nuevos cobros que abran espacio a discrecionalidad, que no respaldará medidas que encarezcan el cumplimiento ambiental sin un plan real de mejora.
“La Ley de Ingresos debe ser un instrumento de confianza pública, no una lista de cobros sin sustento”, concluye del grupo parlamentario de MC.