Alicia Arias/Dolores Hidalgo, Gto.- Jornaleros indígenas que trabajan Agroverdi S.A. de C.V. niegan que sean forzados o explotados laboralmente y que se les obligue a vivir en el albergue que les presta la empresa.
“Nadie está aquí a la fuerza porque nadie se va. Toda la gente es libre, los niños pasean y hay seguridad para que no le pase a nada a nadie”, comentó en entrevista para Kuali uno de los jornaleros que pidió omitir su nombre por motivos de seguridad.
Así fue como el trabajador que lleva seis años laborando para Agroverdi desmintió la versión de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), informo que el viernes 11 de julio intervino la zona de dormitorios del albergue debido a una investigación “por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral”, donde había 720 personas “en condiciones de vulnerabilidad”.
Originario de Tlapla, Guerrero, el jornalero contó que tiene seis años viajando al estado de Guanajuato para trabajar en Agroverdi, empresa de capital chino, ubicada en la comunidad rural El Ramillete, del municipio de Dolores Hidalgo, dedicada al cultivo de hortalizas, la mayoría para los mercados de Estados Unidos y Canadá.
“Aunque los horarios son un poco excesivos nos pagan las horas extras, a diferencia de los estados del sur, donde sí hay empresas pero el pago es el mínimo”, comentó; además, dijo contar con seguro social y cuando termina su contrato la empresa les paga su finiquito y les proporciona transporte con sanitarios para el regreso a sus hogares y los respectivos alientos para los empleados sus familias, ya que muchos viajan en compañía de sus hijos, a quienes dejan en el albergue dela empresa mientras ellos cumplen con la jornada laboral.
Él, al igual que la mayoría de los jornaleros, se hospedan en el albergue cada vez que vienen a trabajar, un lugar que considera adecuado porque no hay lodo y “porque nosotros, los pobres, estamos acostumbrados a otro tipo de vida”.
Dijo que los dueños, de origen chino, tratan bien a los mexicanos “porque los que no tenemos estudio, tenemos la mano de obra y la labor de lo que es el cultivo de campo abierto y de campo cerrado”.
“No nos tienen aquí a la fuerza. Llevo cinco años aquí y siempre hemos tenido la libertad. Nadie está aquí a la fuerza porque nadie se va. Toda la gente es libre, los niños pasean y hay seguridad para que no le pase a nada a nadie”, narró el entrevistado.
“Estamos en una empresa que tiene seguro y tienen a los guardias que nos están cuidando. Aquí os sentimos seguros”, expresó.
Propiedad de Agroverdi, el albergue, es operado por un patronato. Cuenta con dormitorios para cerca de 650 personas, guardería, cocina, baños para mujeres y hombres, área de lavaderos, enfermería, una tienda que está a cargo de los mismos trabajadores, patio, cámaras de seguridad y vigilancia privada, que es pagada por la empresa.
Es gratuito para los trabajadores y es parte de los “servicios que presta la empresa de manera extraordinaria a sus trabajadores”, aseguró José de Jesús Espinoza Moreno, abogado representante legal de Agroverdi.
Hasta el momento, la fiscalía de Guanajuato no ha tomado declaración ministerial a alguno de los trabajadores que se encontraban en el albergue el 11 de julio, cuando “se supone que rescataron a las personas y se supone, cuando menos, deben tomarles la declaración ministerial para que se pudiera ejercitar acción ministerial y no declaró a nadie”, denunció el abogado en entrevista con los medio de comunicación a quienes abrió las puertas del albergue este jueves para que se conozcan las condiciones en la que opera el lugar.
Actualmente en el albergue se encuentran cerca de 650 personas, entre ellas cerca de 120 menores de edad que viajan con sus padres, informó el representante legal.