Bernardo Monroy/León, Gto.-De acuerdo con el informe 'Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México' de la asociación Causa común, de enero de 2019 a mayo de 2024, la SEDENA, la SEMAR y la GN acumularon 4,800 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Uno de los casos más recientes, fue el del joven José Juan Arias, oriundo de Valle de Santiago, quien fue golpeado y desaparecido por militares, sin una razón aparente. Hasta el momento, su búsqueda continúa.
El informe antes citado señala:
“El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza es una de las principales preocupaciones de que militares ejerzan funciones en materia de seguridad pública. De enero de 2019 a mayo de 2024, la SEDENA, la SEMAR y la GN acumularon 4,800 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Estas quejas están mayormente relacionadas con casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias. Amnistía Internacional señala que ”las Fuerzas Armadas tienen más probabilidad de abusar de los detenidos que la policía federal, estatal o municipal”, pues cerca del 88% de las personas detenidas por la Armada, y el 86% de las detenidas por el Ejército se han quejado de tortura y otros abusos”.
Sobre este complejo asunto, habla en entrevista Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común, organización de la Sociedad Civil que se ha dedicado al estudio y a la promoción de las instituciones de seguridad pública civiles. Como parte de sus diagnósticos está el tema de la militarización, sobre todo considerando que el fortalecimiento de las fuerzas armadas en los últimos 4 sexenios, ha ocurrido en detrimento de capacidades y desarrollo de las policías.
“La militarización ha continuado avanzando en el país”, sentencia Escobar.
Para hablar de fenómenos como estos, tenemos que remitirnos a los contextos.
“Los abusos que se cometen se han venido constatando cada vez más. Este es el problema de ponerlos a realizar labores de policía. Hoy en día, a través de la Guardia Nacional, el ejército participa ya caso de manera ordinaria en labores de seguridad pública sin que se garantice que se haya capacitado a estos elementos en labores propias de las policías, que son labores de proximidad”.
SIN PROFESIONALIZACIÓN
“Desgraciadamente, esas garantías de formación y profesionalización no las tenemos. Las consecuencias han sido inevitables”, señala.
De ese modo se dan tipos de abusos como detenciones arbitrarias, mecanismos de intimidación, uso excesivo de la fuerza, etcétera. Escobar señala que, por la falta de información y la inexistencia de un sistema de procuración de justicia efectivo en México, no se ha logrado sistematizar ese tipo de abusos de las fuerzas armadas. En muchas ocasiones, el comportamiento que no se denuncia por falta de canales, o por temor, se queda en el olvido.
“No se han fortalecido los mecanismos de control respecto a las fuerzas armadas, para que existan garantías de que estos abusos se castiguen”, expresa.
Escobar Ayala informa que otra de las principales consecuencias del uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha tenido que ver con el choque de competencias, porque su participación implica fricciones entre el nivel político estatal y federal... ya no digamos el municipal. Entonces, se da el típico juego de “pasarse la bolita” en el que, al participar las fuerzas armadas, operativos abuso de la fuerza, es muy sencillo para el gobierno municipal lavarse las manos y pasar la pelota al gobierno federal.
“Llevamos ya cuatro sexenios sin un aparato normativo institucional funcional sin un aparato normativo institucional funcional, que garantice que las fuerzas armadas pueden ejercer labores de seguridad pública con los debidos controles”, declara el investigador de Causa en Común.
Apenas hace un par de días, un joven fue 'levantado' por elementos de estas instituciones, sin mayor explicación aparente. Muchos de los casos no se denuncian.