Carlos García/San Miguel de Allende, Gto.- El director de Atención Ciudadana, Giras y Apoyos del gobierno priista de San Miguel de Allende, Jonathan Stefanonni Rosales, renunció al cargo para atender la denuncia penal en su contra por no pagar una pensión alimenticia a una hija no reconocida de 14 años de edad.
Sobre el caso, el gobierno del alcalde, Mauricio Trejo Pureco, difundió que reitera su compromiso con la transparencia y el estado de derecho.
“Jonathan Stefanonni Rosales, por voluntad propia, se separa del cargo de esto mientras atiende y aclara un asunto personal”, informó.
Agregó que Eduardo Soto Juárez fue nombrado encargado del despacho de la Dirección de Atención Ciudadana.
“En San Miguel de Allende hacemos bien las cosas y refrendamos nuestro compromiso con la legalidad”, remata el comunicado.
Cabe mencionar que Jonathan Stefanonni tenía 10 días en el cargo y entró en lugar de Romina Hernández, despedida por Mauricio Trejo, a principios de enero.
El caso
El director de Atención Ciudadana, Giras y Apoyos del gobierno priista de San Miguel de Allende, Jonathan Stefanonni Rosales, fue denunciado penalmente por negarse a pagar una pensión alimenticia para su hija, a pesar de que existe una orden judicial.
El 17 de enero del 2025, Berenice Armas Bautista denunció al funcionario por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
En la querella, la madre señala que, el 27 de noviembre del 2019, presentó una demanda en el Juzgado Especializado en Materia Familiar de San Miguel de Allende contra Jonathan Stefanonni de reconocimiento de paternidad de la menor P.A.B.
“Demandé el pago de alimentos retroactivos, provisionales y los que siguen generando en favor de mi menor hija. Se asignó el número de expediente F-566/2019 y cuando el hoy denunciado contestó dicha demanda, negó dicha paternidad”, relató en la querella.
La juez ordenó una pericial en genética familiar -ADN- que dio como resultado que Jonathan es el padre biológico de P.A.B., remontó.
Berenice Armas recuerda que, el 5 de junio del 2023, el juez familiar emitió una sentencia donde condenó a Jonathan a pagar 128 mil 026 pesos por concepto de alimentos retroactivos, generados desde el 18 de agosto del 2010, cuando nació la niña; hasta el 28 de noviembre del 2019, cuando se presentó la demanda.
En la sentencia se ordenó el pago de la mitad de los gastos médicos por el alumbramiento, así como el pago de alimentos provisionales, los cuales aún se dirime su cuantificación, explicó en la denuncia.
“El hoy denunciado no ha cubierto dichos alimentos, por la sencilla razón de que no ha querido, pues no tienen ninguna discapacidad física o mental y además actualmente trabaja como servidor público, pues es director de Atención Ciudadana de la presidencia municipal”, refiere Berenice.
El 22 de junio del 2023, el Congreso de Guanajuato reformó la Constitución para evitar que deudores alimentarios sean candidatos o desempeñen empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando tengan sentencia firme por ser una persona deudora alimentaria morosa.