Carlos García/León, Gto.- En los últimos 33 años, los empresarios siempre han sido aliados del Partido Acción Nacional (PAN); ahora arremeten contra el gobierno en turno y sostienen una lucha legal con la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo. El motivo: los mil 707 millones de pesos que les quitaron del fideicomiso para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones de desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg).
Aunque el empresario y presidente de Actuando por Guanajuato, Juan Carlos Usabiaga del Mora, tramitó el juicio de amparo indirecto 1210/2024-VI contra la extinción del fideicomiso y obtuvo una suspensión definitiva, la juez Noveno de Distrito, Karla María Macías Lovera, alertó del poder que adquirieron los hombres de negocios sobre los recursos públicos.
Una de las observaciones de la juzgadora fue la excesiva influencia de los consejos coordinadores empresariales en el manejo del dinero público.
En el juicio de amparo, la gobernadora remite un informe donde menciona que el nuevo programa Tocando Corazones “pretende ser más inclusivo que el Fidesseg, pues, en este último, dos fundaciones tenían el monopolio de los apoyos otorgados por el Estado para el desarrollo social”.
La juez Karla Macías reconoce que el diseño actual del fideicomiso plantea dudas respecto a su óptimo funcionamiento.
“Los criterios de elegibilidad de las fundaciones son restrictivos, puesto que el requisito de obtener el aval de al menos tres de los cinco Consejos Coordinadores Empresariales establecido en las Reglas de Operación y el Contrato Constitutivo puede fomentar una concentración de poder en dichos Consejos Coordinadores Empresariales, lo que podría generar un sesgo en la selección de las asociaciones civiles que se convierten en fundaciones”, alertó.
Las facultades de organismos empresariales limitan la participación de nuevas organizaciones y concentran el poder en un grupo reducido, resaltó.
“Este diseño, según la resolución, podría generar sesgos en la selección de proyectos y privilegiar intereses específicos en lugar de promover un esquema más plural e incluyente”, refiere.
La doble función de las fundaciones empresariales como presentadoras y ejecutoras de proyectos puede generar conflictos de interés, puntualizó.
“Esta situación debilita la imparcialidad en la evaluación de proyectos y puede llevar a priorizar iniciativas propias, en detrimento de propuestas de mayor impacto”, enfatizó la juez.
La telenovela
Algo inédito pasó en Guanajuato: el Consejo Coordinador Empresarial de León, siempre un aliado del gobierno panista, acusó a Libia García Muñoz Ledo de comprometer el futuro económico del estado.
“Han recortado de manera significativa los fondos destinados para promover el crecimiento económico, el comercio exterior y el desarrollo tecnológico y la innovación”, afirmó el presidente del Consejo Empresarial, Roberto Novoa Toscano.
También aprovecho para manifestar que, con voluntad política, en 30 minutos se puede resolver el conflicto legal del Fidesseg.
“Esto se va a resolver en los tribunales y todavía falta tiempo y lo que necesitamos es voluntad política. Si lo queremos arreglar y nos sentamos con nuestra señora gobernadora, en 30 minutos resolvemos el tema de Fidesseg y le cortamos todo lo que falta de telenovela a este asunto”, refirió.
Los beneficios
La organización empresarial Actuando por Guanajuato obtuvo 65 millones de pesos y Fundación Empresarial Guanajuato se benefició con 83 millones pesos del fideicomiso solo por ser intermediarios. Las agrupaciones fueron constituidas entre el 2018 y el 2019, unos meses antes de la creación del Fidesseg.
El 30 de agosto del 2022, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano firmó un convenio con Actuar Guanajuato para asignarle 11 millones 228 mil pesos para implementar el proyecto “Por un Entorno de Paz”.
En el convenio, la organización señala que su objeto social es promover la participación organizada de la sociedad, promover acciones en materia de seguridad y de protección civil, así como contribuir con proyectos para entornos más seguros.
Por el dinero entregado, la organización se compromete a llevar a cabo el proyecto en torno de paz y a realizar servicios de recepción, revisión y análisis de proyectos que presenten asociaciones civiles para presentarlas al Fidesseg.
El siete de junio del 2022, Fundación Empresarial Guanajuato firmó un convenio para recibir 6 millones 444 mil pesos y el 30 de agosto, modificaron el documento para que el Fidesseg le asignara otros cinco millones 547 mil pesos adicionales.
El objetivo del contrato es “llevar a cabo un proyecto y presentar diversos servicios para contribuir al cumplimiento de los fines y objetivos del Fidesseg”.
En total, Fundación Empresarial recibió casi 12 millones de pesos para fortalecer “el desarrollo de intervención social de las OSC en el estado y para revisar, analizar, presentar los proyectos de las asociaciones civiles al fideicomiso, además de la difusión, asesoría y fortalecimiento de las organizaciones”.
La pelea
En la administración 2018-2024, encabezada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fue creado el Fidesseg que se nutría del 0.3 por ciento del Impuesto Sobre la Nómina, que se cobra con una tasa del 3 por ciento.
Del año 2020 al 2024, cinco consejos empresariales incidieron en la asignación de mil 506 millones de pesos, a través de la Fundación Empresarial Guanajuato y Actuando por Guanajuato.
Las dos organizaciones empresariales obtuvieron 148 millones de pesos solo por fungir como intermediarios y elegir a las agrupaciones que serían beneficiadas por el Fidesseg.
Por la opacidad con que se manejaba el recurso, el 23 de octubre, la gobernadora publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto para la desaparición del Fidesseg, creado el nueve de agosto del 2019.
Sin embargo, dejó una bolsa de 193 millones de pesos para cumplir con los compromisos adquiridos previamente.
Un día después de la desaparición del fideicomiso, el Congreso ordenó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) fiscalizar los recursos.
El presidente de Actuar por Guanajuato, Juan Carlos Usabiaga del Mora, tramitó el juicio de amparo indirecto 1210/2024-VI contra la extinción del fideicomiso.
El 25 de noviembre, el Juzgado Noveno de Distrito emitió la suspensión provisional para evitar la desaparición del fideicomiso, a pesar de que ya había sido desintegrado. El 31 de diciembre, la juez de distrito Karla María Macías Lovera concedió la suspensión definitiva.
Como no se mantuvo el Fidesseg en el presupuesto del 2025, la juez multó a la gobernadora y 19 diputados del PAN y del PRI con 10 mil 857 pesos a cada uno. La multa fue impugnada.