Alicia Arias/León, Gto.- La asociación URBE solicitó tres amparos contra el aumento al transporte público del municipio de León que entró en vigor el pasado 31 de diciembre. Solicita que se invalide el acuerdo del ayuntamiento por violar los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fue un “procedimiento exprés, opaco… Una puesta en escena” porque ya se sabía que se iba a autorizar, denunció en conferencia de prensa el abogado de URBE y defensor de derechos humanos, Juan Pablo Delgado Miranda, quien ha encabezado otras demandas contra el Municipio de León por violar derechos constitucionales, como el derecho al agua, entre otros.
El también ex candidato a la alcaldía de León por el partido Movimiento Ciudadano (MC), dijo esta mañana en conferencia de prensa que las tres demandas de amparo se ingresaron al Poder Judicial de la Federación (PJF) la noche del pasado jueves, por lo que todavía no han recibido un número de expediente.
El motivo para presentar las demandas colectivas, que cuentan con el respaldo de 200 firmas de personas de diversos sectores de la población, es la violación a la ley estatal y al reglamento municipal de movilidad.
En ambos instrumentos jurídicos se establecen que antes de aumentar el costo del pasaje la autoridad municipal conozca y considere la situación económica de la población usuaria, y no nada más tome en cuenta el estudio financiero que presentan las empresas transportistas y el estudio técnico que contempla el costo.
Incluso, dijo, “el reglamento establece que se debe tomar en cuenta la evolución del salario en términos reales, y en ningún momento de la discusión se tomaron en cuenta estas realidades cuando León es el municipio que concentra la mayor cantidad de personas pobres y, recientemente, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, estableció que León ocupa el lugar 33 entre 65 ciudades, en términos de competitividad”.
Si se compara el salario digno establecido por las autoridades federales contra el salario promedio de los leoneses, hay una distancia de por lo menos 3 mil pesos, es decir, que a la gran mayoría de los habitantes de León no les alcanza para satisfacer los mínimos de una vida digna, destacó el abogado Juan Pablo Delgado.
Otra violación fue la discriminación de las personas que viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) porque no fueron consultadas en la toma de decisiones.
También fueron excluidas las personas adultas mayores y a las que viven con alguna discapacidad, quienes debieron ser consideradas ya que gozan del beneficio de la gratuidad limitada.
Además, dijo que el sector estudiantil tampoco fue consultado pues la participación de dos estudiantes en la Comisión Mixta Tarifaria (que aprobó el aumento) no significó una consulta a las y los estudiantes de León.
Ora violación que cometió el Ayuntamiento de León es la inobservancia al Acuerdo de Escazú, firmado por México y que obliga a toda autoridad de este país a consultar a la ciudadanía para cualquier medida que quiera tomar y tenga alguna repercusión con el medio ambiente, como es el caso, ya que con el elevado costo de la tarifa en León cada vez más gente se traslada en motocicleta, lo que repercute en una mayor generación de contaminación atmosférica al emitirse mayor cantidad de bióxido de carbono, producto de la combustión de los vehículos de motor.
Además, se genera un círculo vicioso porque con el aumento a la tarifa se desmotiva el uso del autobús y la gente opta por otros medios, disminuyendo los ingresos para los transportistas, quienes argumentarán poca o cero utilidad y volverán a pedir un aumento.
El único argumento de las autoridades para autorizar el amento, que fue negociado en menos de un mes, fue tomar en cuenta la diferencia entre la tarifa técnica, es decir, el costo real de mantener la operación del transporte público, pero no consideró la tarifa social, que es lo que la población puede gastar, mencionó.
Con la diferencia entre esos dos términos se debe calcular si debe hacer un subsidio o si es viable que empresas privadas –concesionarias- sigan prestando el servicio, que es una obligación de las autoridades municipales, porque “si no es negocio, entonces tenemos que repensar el modelo de transporte público en esta ciudad, incluso, municipalizándolo en parte o totalmente en forma gradual porque nadie está hablando de cuestiones radicales que puedan poner en entredicho la operatividad del servicio pero sí tenemos que hacernos este tipo de preguntas”, advirtió Juan Pablo Delgado.
Además de las tres demandas de amparo, URBE prepara otras dos que estará en este mismo mes.
URBE es una asociación que habla y actúa en la ciudad. Busca proponer, co-elaborar y crear comunidad en eventos de incidencia inmediata para generar diálogo sobre la ciudad de León.