Milagros Tadeo/León, Gto.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEL) de León, Roberto Novoa Toscano, descartó que exista una fractura en la relación con el gobierno estatal, luego de que optaron interponer un amparo para revertir la desaparición del Fidesseg.
Señaló que los empresarios están en todo su derecho de buscar proteger el destino de los recursos generados por la sobretasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN), del 2.3%, destacando que buscan se fijen reglas claras sobre el uso de este recurso público.
Dijo que al no estar plasmado el acuerdo de destinar un porcentaje de este impuesto a la obra pública y otro a acciones en materia de seguridad, optaron por recurrir al amparo.
“Del total de los ingresos obtenidos por la recaudación de este impuesto se destinará el .2% de manera exclusiva para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y un .1% en materia de seguridad pública, ese es el texto que queremos”, destacó.
Agregó que no están de acuerdo con la propuesta del Estado, quien pretende que “los ingresos que se obtengan por la recaudación de este impuesto deberán de aplicarse de manera preferente en los rubros de gasto social e inversión o capital” lo cual es muy género y se presta para que termine siendo utilizado para otros fines, entre ellos, apoyos sociales.
Dijo que ante esto, están abiertos al diálogo con el gobierno estatal para generar los mejores mecanismos para el uso y destino de los recursos obtenidos por el Impuesto Sobre Nómina.
“No, definitivamente no hay una fractura, este si quiero reconocer que siempre hemos tenido diálogo con la gobernadora y con la secretaría del Nuevo Comienzo; con el equipo jurídico de la gobernadora y estuvimos avanzando, pero simple y sencillamente no llegamos a un punto que para nosotros es sumamente importante”, resaltó.
El amparo
Carlos García.- El Juez Decimosegundo de Distrito concedió al Consejo Coordinador Empresarial de León (CCE) una suspensión provisional para que no se ejecute la extinción del Fideicomiso para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones de desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg), pero desde el 23 de octubre se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto para la desaparición del fideicomiso.
El Fideicomiso manejó una bolsa de mil 506 millones de pesos del año 2020 al 2024, beneficiando a fundaciones empresariales que servían de intermediarios para definir a qué organizaciones apoyaban con recursos.
Fundación Empresarial Guanajuato fue beneficiada con casi 83 millones de pesos y Actuando por Guanajuato con 65 millones de pesos y solo fungían como intermediarios.
El CCE de León difundió que tramitó un juicio de amparo y que el 27 de noviembre fue concedida la suspensión provisional para "que no se ejecute la extinción del fideicomiso mientras dure el juicio".
"La medida interpuesta no limitará nuestra permanente disposición al diálogo con nuestras autoridades, con el compromiso de construir un mejor modelo para garantizar el origen y destino de los recursos del Fidesseg y seguir asumiendo la representación responsable de los aportantes en asegurar el mayor beneficio para las y los guanajuatenses más vulnerables", argumentaron.
La gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, determinó desaparecer el fideicomiso por la opacidad en el manejo de los recursos y por las millonarias sumas que recibían las dos fundaciones que eran intermediarias.
Los empresarios argumentaron que como no lograron concretar acuerdos con la gobernadora, tramitaron el juicio de amparo.
Aunque fundaciones empresariales y algunas organizaciones ligadas a los grupos de poder económico se beneficiaron con el fideicomiso, el CCE señaló que "consideramos inadecuada la política de apoyos sociales con propósitos clientelares que sólo buscan compromisos político-electorales".
Sobre la suspensión provisional, el gobierno del Estado de Guanajuato señaló que respeta las opiniones sobre la desaparición del Fidesseg, pero trabajan una "transición hacia un modelo más eficiente para el uso de los recursos provenientes del impuesto sobre nómina".
"Es necesario puntualizar que la extinción del Fidesseg ya se concretó en los términos del decreto correspondiente, tratándose de un acto consumado. Por lo tanto, confiamos en que el Juez de Distrito analizará este contexto al resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva y las pretensiones de la parte quejosa", recalcó el Estado.
El nuevo modelo de apoyos para las organizaciones civiles, que sustituirá al Fidesseg, fue diseñado para preservar la integridad de los recursos, garantizar su correcta aplicación y tener una mayor eficiencia en su impacto social, explicó la administración de la gobernadora, Libia García.
"Este gobierno actúa con plena apertura al diálogo, con la firme convicción de que las decisiones tomadas son las mejores para el desarrollo del Estado", difundió.
El Gobierno del Estado de Guanajuato manifestó que confía en que los tribunales federales resolverán conforme a derecho.
El 14 de octubre, Libia García anunció la extinción del Fidesseg porque el dinero se asignaba a través de fundaciones intermediarias y no daba los resultados esperados.
"Hay que decirlo de manera clara, la transparencia no ha sido una característica del Fideicomiso", puntualizó en esa ocasión.
El 23 de octubre, la gobernadora publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto para la desaparición del Fidesseg, creado el nueve de agosto del 2019, por el entonces mandatario, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
El Estado implementará mecanismos para que el dinero del Impuesto sobre la Nómina que nutrió al fideicomiso sea blindado y "evitar cualquier riesgo de manipulación contraria a su fin", señala el decreto.
Un día después de la publicación del decreto para desaparecer el Fidesseg, el Congreso de Guanajuato ordenó a la Auditoria Superior del Estado (ASE) a que practique una auditoria financiera y de cumplimiento al fideicomiso.
Las consideraciones del punto de acuerdo para la auditoria señalan que diputados de la actual y pasada legislatura "han manifestado su preocupación sobre la falta de información respecto a la aplicación de los recursos públicos administrados por el Fidesseg, argumentando falta de transparencia en cuanto a las obras, programas o acciones que se llevaron a cabo, los resultados obtenidos, entre otros aspectos".
El extinto Fidesseg se nutría con el 0.3 por ciento del Impuesto Sobre la Nómina, que se cobra con una tasa del 3 por ciento. Los empresarios insisten en manejar este recurso porque afirman que es un "autoimpuesto" que acordaron con el ex gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.