Alicia Arias/León, Gto.- La empleada del Gobierno del Estado de Guanajuato, Juana Juárez García, ejerce como juez y parte, al fungir como calificadora en la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social (STPyS) y litigar en el ámbito privado asuntos del derecho laboral.
Aunque el caso fue informado a su jefe inmediato, el titular de la Dirección de Inspección del Trabajo, Emmanuel Esaú Gómez Marmolejo; y al director General de Promoción y Desarrollo Laboral, José Miguel Fuentes Serrato; desde abril del 2023; la servidora púbica se mantiene en el cargo pese al conflicto de interés.
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Juana Juárez García, ocupa el puesto de Calificadora de Inspección Analista de Proyectos “C” en la Dirección de Inspección del Trabajo de las STyPS pero, además, se promueve como litigante en una empresa particular denominada Despacho Jurídico Díaz & Juárez, con sede en la ciudad de Guanajuato.
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Silvia Godínez Martínez, coordinadora del Órgano Administrativo Sancionador de la STyPS del estado, informó del caso a Emmanuel Gómez, advirtiéndole en una nota informativa que “en el caso de que se ocupe un cargo público, en donde se atienden y tramitan asuntos de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social que son, tanto de carácter laboral como administrativo, y el servidor público que ocupa dicho cargo litigue al mismo tiempo por fuera en dichas materias, existe un claro conflicto de interés por motivos personales que es viable que ocasionen un perjuicio contra el servicio público; en virtud de que los ordenamientos aplicables, señalan la posibilidad , es decir, que basta tan solo con la presunción de su existencia, para que exista el conflicto de interés”.
Silvia Godínez, abogada de profesión, también recordó que “en el artículo 3, fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, se señala que: Conflicto de Interés es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos, en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
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Como respuesta, José Fuentes le pidió que le enviara las pruebas para, a su vez, informar al titular de la STyPS, Marco Antonio Rodríguez Vázquez para que se diera vista al órgano de control; y fue la misma Silvia Godínez quien envió la información al subsecretario, la cual incluyó capturas de pantalla de las publicaciones de Juana Juárez y una tarjeta informativa son los ordenamientos legales sobre el conflicto de interés.
“El cuatro de abril del 2023 yo informé que ella aparece como integrante de un despacho, que estaba litigando siendo servidora pública y que, en consecuencia, había un conflicto de interés”, informó Silvia Godínez.
Entre las pruebas aportadas se encuentran capturas de pantalla en las que el despacho jurídico invita a conocer a su equipo e instalaciones y en las fotografías aparece Juana Juárez, y otra en la que Juana Juárez promociona al despacho en su cuenta personal de Facebook.
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Ha transcurrido más de año y medio desde que se informó al subsecretario del trabajo del conflicto de interés y, al parecer, todo sigue igual.
“Que yo sepa, nunca se dio vista al Órgano de Control Interno. Se convirtieron en sus defensores. Dijeron que ella no litigaba, que quien lo hacía era su esposo, quien era el dueño del despacho y nunca hicieron caso a la publicación en la que ella se presenta como integrante siendo servidora pública y yo les demostré que sí había un conflicto de interés”, recordó Silvia Godínez, quien tiene más de un año de haber sido removida de sus funciones con el argumento de que es “inestable emocionalmente”.
Silvia Godínez interpuso una queja por maltrato psicológico y violencia en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), a quien ella acusa de revictimizarla.
El martes 23 de julio Kuali solicitó una entrevista con la Prodheg, a través del área de comunicación, y no se ha recibido respuesta; este jueves también solicitó hablar con el titular de las STyPS, Marco Rodríguez, se está a la espera de una respuesta.