Alicia Arias/León, Gto.- Por negarse a alterar procedimientos gubernamentales en contra de empresas privadas, la servidora pública Silvia Godínez Martínez, denuncia que ha sido víctima de maltrato y violencia laboral y psicológica por parte de directivos de la Subsecetaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del estado de Guanajuato, además, acusa a Derechos Humanos de revictimizarla.
“Quiero denunciar, definitivamente, porque ya tengo casi un año desde –octubre- que me retiraron de mis funciones y ha sido una experiencia que yo no pensé, jamás, que una persona pudiéramos pasar en gobierno del estado. Tal vez, porque nunca me había rebelado ante tanto acoso, ante tanto maltrato, pero mi forma de rebelarme era no prestándome a hacer los actos que se me solicitaban”, declaró en entrevista Silvia Godínez Martínez, coordinadora del Órgano Administrativo Sancionador de la STyPS del estado.
Abogada de profesión, con militancia activa en el Partido Acción Nacional (PAN) y 15.6 años de antigüedad como empleada del Gobierno del Estado de Guanajuato, Silvia Godínez fue removida de su cargo desde octubre del 2023, aunque conserva la plaza, por negarse a elaborar acuerdos para emplazar a empresas por irregularidades o deficiencias de nosotros, como autoridad, lo cual era mi función como coordinadora del procedimiento".
El caso que detonó la situación que hoy está viviendo y que la llevó a poner una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), fue el de una empresa dedicada al telemarketing, con sede en la ciudad de León.
En febrero del 2023, José Miguel Fuentes Cerrato, director General de Promoción y Desarrollo Laboral de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Marco Antonio Rodríguez Vázquez; exigió a Silvia Godínez, en calidad de su jefe, cambiar un acuerdo que era totalmente contrario a derecho, narró la entrevistada.
“Había problemas con una empresa a la que se le estuvo inspeccionando y se le iniciaron procedimientos. La empresa llegó a quejarse de que ya se le estaba hostigando laboralmente por parte de la subsecretaría”, relató.
Eso era algo normal, asegura la funcionaria, pues “siempre había errores en los acuerdos” por parte de la gente cercana a José Miguel Fuentes, quien le pedía a Silvia que cambiara los acuerdos para que no se notaran los errores.
En el caso de la empresa de telemarketing, José Miguel Fuentes le ordenó modificar el acuerdo de emplazamiento al procedimiento; un documento en el que la STyPS informa los motivos o faltas en las que incurrió la empresa durante la inspección. En este caso el presunto incumplimiento era sobre el pago de prestaciones a sus trabajadores.
Pero, “el expediente llevaba mal todo lo actuado. Ya era irregular desde la inspección. Entonces, en el emplazamiento yo no lo puedo llamar por algo que no se hizo de origen porque es ilegal”, comentó la abogada Silvia Godínez, al explicar que el área de Calificación de la propia Subsecretaría calificó mal las prestaciones que inspeccionaron “y lo que me pedían es que yo dejara de observar esa falta o ilegalidad de calificación y emitiera el emplazamiento con esas faltas que estaban mal calificadas”, con lo que se perjudicaba a la empresa.
“Yo me negué. Les dije que no procedía y que tenía que archivar los expedientes que fueran así; que yo no iba a modificar nunca los acuerdos porque, de entrada, yo me estaría prestando a un acto ilegal y eso también podía calificarse como corrupción porque, a sabiendas de que iba a perjudicar a la empresa, me estaba pidiendo que lo hiciera”.
Silvia Godínez Martínez
“En materia administrativa un acuerdo de emplazamiento es como si demandaras a una empresa y le haces del conocimiento que la estas demandando. Es como un juicio por fuera, pero esto es en el ámbito administrativo, interno, de la administración púbica.
“También incumples con la norma cuando tú, con tu labor de servidor público, como aplicadora del derecho, te estás dando cuenta que el acto que vas a notificar es nulo de pleno derecho. Pero ellos, por tapar todas las deficiencias que hay desde la inspección y todo lo que no se hace conforme a la norma, dan esa orden: sácalo así, como va”.
Silvia Godínez se negó a realizar el acuerdo como le fue ordenado “porque era deficiencia de gobierno, no de la empresa” y, al final, “eso lleva a emplazar mal, contrario a derecho, a que se caiga en un amparo y a decir “emplacé”, a fingir números que no son, a dar un dato de lo que no es la realidad y a cubrir o maquillar las deficiencias internas de tu proceso sin importar a quien perjudiques”.
Ante la negativa de Silvia, su jefe comenzó a no hablarle, ni siquiera la saludaba y empezó a relegarla de cualquier junta o reunión que se llevara a cabo con motivo de su puesto. No respetaron sus funciones ni su cargo, que es de coordinadora con nivel 11 en el tabulador del gobierno estatal.
“Me relegaron de cualquier toma de decisiones, a las reuniones ya no fui convocada”; así fue como la hicieron a un lado y ya ni siquiera era invitada a los pequeños festejos de cumpleaños del personal del área. “Y no es una nimiedad, sí tiene que ver porque el hecho de que te releguen lleva una finalidad, que es apartarte. Me trataban como apestada”, relató.
Recuerda que la gente a su cargo también la ignoraba. “Todo es acoso y hostigamiento laboral porque, al final, lo que quieren es mermarte anímicamente, emocionalmente”.
El cinco de octubre de 2023 el subsecretario Marco Antonio Rodríguez la calificó de “inestable emocionalmente”, y le informó que sería cambiada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma STyPS para que estuviera mejor; cuando en varias ocasiones el jefe de Silvia la llamaba a su oficina para tratar asuntos de su área y terminaba diciéndole: “no tiene caso hablar contigo porque me estoy exponiendo a que me denuncies por violencia, por maltrato. Era una violencia tan rara que yo nunca había padecido”, comentó.
“Me dijo que es porque les interesa mi estabilidad emocional. No por mi trabajo, no porque tuviera malos números, no porque hubiera sacado una evaluación al desempeño nefasta, no porque no me estuviera capacitando. Nada que ver en relación con mi trabajo”, recordó.
La mandan a repartir Tarjetas Rosas
Del 16 de octubre y hasta el 13 de noviembre Silvia Godínez realizó proyectos de laudo en el tribunal, porque el día13 el presidente del tribunal le dijo que tenía que ir a capacitarse al Parque Bicentenario el día 14 de noviembre a las 9:00 de la mañana.
“Y ahí nos dan la noticia de que nos vamos comisionados a la entrega de la Tarjeta Rosa. Éramos cerca de 200 servidores públicos”, aseguró la entrevistada, quien trabajó levantando expediente, casa por casa, en la zona de Las Joyas de la ciudad de León, del 15 de noviembre al 02 de julio de este año, porque le notifican que regresaba a su dependencia el tres de julio y hasta el 31 de diciembre del presente año.
Al regresar al tribunal, no a la coordinación para la que tiene el nombramiento, le asignan un escritorio que está en el área de Procuraduría del Trabajo y no en el tribunal, aunque sí proyecta laudos para el tribunal.
Ante tal situación, ella solicitó una audiencia con el subsecretario Marco Antonio Rodríguez, la cual tuvo lugar el tres de julio, y le pidió que la regresara a su puesto de Coordinadora del Órgano Administrativo Sancionador; pero el subsecretario le dijo que no lo haría porque ella ya había denunciado ante derechos humanos a su ex jefe José Miguel Fuentes, por violencia de género y maltrato; “cuando lo que señalan los protocolos es que deben de retirar de sus funciones al presunto violentador” en lo que termina la investigación.
Silvia Godínez puso la queja en derechos humanos el 10 de octubre del 2023 y, ante la negativa del subsecretario a regresarla a sus funciones, ella le pidió que la liquidara, pero al cien por ciento, pero la respuesta fue que no había dinero para tal acción.
Así, el planteamiento de Marco Antonio Rodríguez fue “que no hay vuelta de hoja: se va a al tribunal o presenta la renuncia” y Silvia sigue sin renunciar haciendo funciones del tribunal en un espacio de la procuraduría.
Respecto a la queja que puso en derechos humanos, la funcionaria destaca que “hasta el día de hoy no se ha resuelto” y que ha sido revictimizada por la Prodheg.
A sabiendas de que al poner la denuncia se vería entre panistas, porque a quienes denunció son militantes del PAN, habló con César Enrique Medina Barajas, subprocurador de Derechos Humanos, Zona “A”.
“Yo, lo único que le dije en esa plática fue: ‘no se metan ni para bien ni para mal. No pido nada. Nada más déjenme llevar mi proceso conforme a derecho, de lo jurídico yo me encargo, soy abogada, pero no se metan y sucedió todo lo contrario”, aseguró.
Se quejó de que por parte de la Prodheg ha habido muchas inconsistencias en el procedimiento, y le dicen que no hay violación a los derechos humanos por parte de varias personas que denunció; y solo se sigue el proceso contra su ex jefe José Miguel Fuentes, pero no se ha resuelto.
“A mí no me aplican los términos como deben de ser. La ley de derechos humanos te dice cómo se van a computar los plazos. A mí no me lo aplican así. Me tratan todo lo contario a ser la víctima. Me han revictimizado. He metido recursos de revisión que me negaron (…) Se protegen entre ellos”.
Aun así, cree en la justicia
A más de un año de que iniciaron los problemas, Silvia Godínez reconoce que la han afectado emocionalmente.
“Es deleznable ver la saña, las miradas de odio, las ganas que tienen de deshacerse de mí y las saña con la que hablan mal de mí”.
Silvia Godínez Martínez
“Al principio no me sentía mal. Pensé que estaba luchando limpiamente. Sí creo en la justicia. Soy abogada y siempre peleo por la justicia, tan es así que por eso me negaba a cambiar esos acuerdos”, dijo con voz entrecortada.
“Yo no tengo negocios derivados de mi función pública. Saben que lo único que tengo es mi trabajo y espero que se conozca la verdad. Soy una persona de carácter fuerte y saben mi trayectoria. Quiero que se sepa la verdad porque es injusto lo que hacen”, concluyó.