Alicia Arias/León, Gto.- La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) determinó la ex alcaldesa de León, María Bárbara Botello Santibáñez, fue víctima de la fiscalía del estado.
Esta mañana, en conferencia de prensa, Bárbara Botello reiteró que ha durante años ha sido perseguida por el fiscal estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, quien, incluso, violó un amparo y ordenó detenerla.
Por esos hechos, Botello se quejó ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), quien determinó que sí se violaron sus derechos humanos y fue violentada, por lo que ordenó a la CEAIV inscribirla en el Registro Estatal de Víctimas.
“Como ustedes recordarán, a partir de que dejé de ser presidenta municipal de León se realizaron diversas investigaciones en mi contra sin que a mí se me notificara y llamara a declarar”, denunció Bárbara Botello.
Recordó que, ante la incertidumbre, porque tampoco la recibían en la Fiscalía, tramitó un amparo en el año 2018, el cual le fue concedido y con ello la suspensión del acto reclamado para evitar ser detenida de manera arbitraria.
“Sin embargo, la fiscalía de Carlos Zamarripa Aguirre violó la suspensión concedida por un juez federal y, en fecha 30 de mayo de 2019, me detuvieron con lujo de violencia, con exceso de fuerza, violando mis garantías de seguridad jurídica y pisoteando mis derechos humanos”, expresó.
Narró que ante la falta de elementos, al siguiente de su detención fue liberada, pero el daño ya estaba hecho: “me privaron de la libertad arbitrariamente, me torturaron física y psicológicamente, me dañaron en mi honor y en mi patrimonio y siguieron acosándome con ejercicios de la acción penal sin ningún fundamente y perversos”.
La ex alcaldesa de León aseguró que se ha defendido de cada una de las acusaciones de la fiscalía y en todas ha probado su inocencia.
Dentro de las acciones que realizó fue interponer una queja ante la Prodheg, quien emitió la recomendación 26/20-A en el año 2021. En esa recomendación, se determinó que fueron violentados sus derechos humanos, que se violaron sus garantías de seguridad jurídica y que fue víctima de los abusos de la fiscalía estatal.
Derivado de dicha recomendación la Prodheg ordenó a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas inscribir a Bárbara Botello en el Registro Estatal de Víctimas.
“Quienes son víctimas de los abusos de Estado, de acuerdo con la Ley Estatal de Víctimas, tienen derecho a una serie de prestaciones enlistadas en la ley, entre otras las que se encuentran, disculpa pública, atención médica y psicológica y a una compensación económica.
“Más allá de las medidas a que vaya a dar lugar la resolución de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, para mí, lo realmente relevante es que las resoluciones tanto de la Procuraduría de Derechos Humanos como la de la Comisión de Víctimas me dan la razón en mi lucha, que ya es de 10 años, por defenderme de la persecución del PAN-Gobierno y de Carlos Zamarripa, quien ha sido su brazo armado”, expresó Bárbara Botello.
Por último, infirmó que la CEAIV emitirá la resolución del caso en unas semanas y establecerá las medidas para resarcir la violación a sus derechos humanos; por lo que “queremos dar ejemplo de que se puede e invitar a todos los guanajuatenses que hayan sido agraviados por Carlos Zamarripa y sus secuaces a denunciar, a dar a conocer públicamente y exhibirlo como lo que es: un violador de los derechos humanos y abusador del poder”.